La preliminar se llevará a cabo ante el juez penal de garantías Humberto Otazú.

El magistrado había suspendido en abril pasado la primera convocatoria a pedido del legislador, quien alegó que tenía un viaje pactado.

El fiscal Martín Cabrera pidió que el caso sea elevado a juicio oral y público.

Según su acusación, la firma Intercom Ingeniería SA, presidida por Núñez Salinas, despachó el 21 de octubre de 2011 un total de 11 ruteadores. En el despacho se hizo figurar que la carga tuvo un costo de 17.706 dólares, sobre los que se liquidó el impuesto. Luego, una auditoría de Aduanas determinó que el valor real de la mercadería que ingresó en el despacho de Intercom era de nada menos que 1.026.028,51 dólares.

La investigación da cuenta además de que se produjeron documentos falsos para evitar consignar lo que realmente se importó y que fueron 31 decodificadores.

Intercom Ingeniería vendió los decodificadores a la firma Sitesa SA, que tiene como presidente a Juan Osvaldo Ojeda Centurión. Esa empresa, a su vez, ganó en 2011 la licitación pública Nº 63 por G. 24.999 millones (unos US$ 6 millones) para proveer decodificadores de TV a la Copaco.