Sosa Pasmor también impuso una fianza personal de G. 100 millones – a cada uno– a los abogados Carmelo Caballero y Angelina Luna Pastore, defensores de Ramírez Zambonini, quien además deberá presentarse en la secretaría del juzgado del 1 al 5 de cada mes, para firmar el cuaderno de registro.
El juez igualmente decretó embargo preventivo sobre inmuebles a nombre de Ramírez Zambonini, valuados en 2.385.098.207 guaraníes.
El magistrado aplicó las medidas alternativas a solicitud de las fiscales Claudia Morrys y Sussy Riquelme, quienes pidieron procesar al miembro del TSJE por el delito citado más arriba.
Además de Ramírez Zambonini, la fiscalía imputó a Clara Haydée Silveira Arza, Gloria Paz Silveira Arza, Ana Catalina Arza de Silveira, Modesto Núñez, Víctor Manuel Báez Alfonso, María Isabel Quintana Ríos, Christian Bogado Caballero, Manuel Radice y a los hermanos del presidente del Congreso, Mario Abdo Benítez, Luis María López Benítez y Maira Abdo Benítez, por cobro indebido de honorarios. Muchos de los citados cobraban en la justicia electoral sin trabajar y estaban designado al despacho del ministro Ramírez Zambonini.
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El abogado Caballero manifestó que el miembro del TSJE se puso a disposición de la justicia. “El doctor Ramírez Zambonini está dispuesto a colaborar para aclarar esta situación. Para esta defensa, no se puede hablar de la comisión de hecho por parte del ministro y esto lo vamos a demostrar en el transcurso de la investigación”, señaló el letrado.
Los planilleros, según la imputación, ingresaron a la justicia electoral de la mano del imputado Manuel Radice, que su vez es amigo de Ramírez Zambonini.
Radice logró incluir en la lista de funcionarios del TSJE a su esposa Clara Silveira Arza, como también a su cuñada Gloria Paz y su suegra Ana Arza.
El Ministerio Público tiene corroborado que las mismas cobraron sin trabajar.
En contra de Ramírez Zambonini hay declaraciones de altos funcionarios imputados, quienes señalaron que recibían en sobre cerrado del despacho del ministro la planilla de asistencia de los planilleros.
La investigación del Ministerio Público apunta a más planilleros, cuyo numero superaría 200.
Morrys y su colega Riquelme quedaron a cargo de la investigación, ante la recusación de todos los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos, que fueron confirmados por la Sala Penal de la Corte Suprema.
LOS ANTECEDENTES
La investigación del Ministerio Público comenzó a raíz de publicaciones periodísticas el 2 de noviembre pasado, sobre personas que eran funcionarias de la Justicia Electoral, pero que no acudían a su lugar de trabajo y, pese a ello, cobraban sin problema.
La Fiscalía señaló en la imputación que se corroboró que muchos funcionarios, estando en el exterior, marcaban supuestamente su asistencia en la Justicia Electoral.
Las fiscales hicieron referencia a los informes de la Dirección de Migraciones y del TSJE, que fueron cotejados y arrojaron como resultado que los imputados, pese a no estar en su lugar de trabajo, cobraron su respectivo sueldo.
En enero fueron citados más imputados para la imposición de medidas.