El 24 de setiembre pasado se ordenó la prisión del imputado exsenador González Daher (ANR, cartista) y su hijo, el concejal con permiso de Luque Rubén (ANR, cartista), por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. Cuando ambos fueron presentados ante el juez Otazú se dictó su prisión y también se dispuso la inhibición general de vender y gravar bienes con relación a los imputados.
Esa medida fue apelada por la defensa de los procesados y confirmada por el mismo magistrado. Sin embargo, el 14 de diciembre de 2018 el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Primera Sala, resolvió revocar parcialmente la resolución del juez Otazú, atendiendo que no se individualizaron los bienes y el monto de los embargos.
Por esa razón ahora el juez penal de Garantías Otazú ratifica el embargo de los bienes de los procesados pero le solicita a la fiscalía que indique con precisión los bienes, muebles y/o inmuebles, y los montos a ser cubiertos por el embargo preventivo solicitado, como así también indicar los montos a ser embargados de toda suma de dinero o títulos de crédito o valores colocados en entidades financieras locales a nombre de los dos imputados en este proceso.
Ahora la fiscalía debe hacer un relatorio completo de todos los bienes que quiere sean embargados mientras dura la presente causa penal contra el exsenador y su hijo, presos en la Agrupación Especializada de la Policía desde el pasado 24 de setiembre, cuando fueron imputados.
La defensa de los González Daher cuestiona la medida adoptada por el magistrado Otazú, ya que alega que en ninguna parte de la presente resolución se especifica el monto. A decir de la defensa, primero se tienen que individualizar los bienes a ser embargados, con sus montos respectivos, y luego proceder a embargarlos, y en este caso se obró de manera contraria.
Presos desde el año pasado
Los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz imputaron al exsenador Óscar González Daher y a su hijo el concejal de Luque con permiso Rubén González Chaves, ambos cartistas, luego de analizar un informe de Seprelad que señalaba que la empresa inmobiliaria Príncipe Di Savoia movía un millonario monto de dinero. La firma estaba a nombre del exsenador y familia. Por ese motivo fueron imputados por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa y se pidió la prisión. Además, el ex senador adquirió 92 inmuebles, según su propia abogada (Sara Parquet) entre los años 1981 y 1998, o sea que: en 17 años, compró 5,4 propiedades por año. Esto es 1 cada 2,4 meses.