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25 de Noviembre de 2014

 

Juez rechaza pedido de libertad de sicarios

El juez penal de Garantías de la ciudad de Curuguaty, Carlos Martínez, rechazó totalmente el pedido de revocatoria de la prisión de los hermanos Cecilio Ramoa, Fermín Ramoa, presuntos sicarios, además de Eliodoro Ramón Ibáñez y Carlos Marmolejo, quienes fueron detenidos por la Policía Nacional en operativos realizados entre la noche del jueves y madrugada del viernes 16 y 17 de octubre, respectivamente. Estas personas están sospechadas de estar vinculadas al asesinato del periodista de nuestro diario Pablo Medina y de su acompañante Antonia Almada.

De esta manera, el grupo de fiscales que investigan el doble crimen no cedieron a presuntas presiones y amenazas de la diputada colorada Cristina Villalba.

Los fiscales Christian Royg, Lorenzo Lezcano y el propio magistrado de Curuguaty, Carlos Martínez, confirmaron que fue rechazado completamente el pedido de la defensa de los capangas del clan Villalba, quienes se encuentran imputados por homicidio doloso, en calidad de cómplices, violación de la ley de armas, reducción y asociación criminal, por lo que adujeron que en absoluto no corresponde concederles la medida, coincidieron en revelar ante nuestra consulta.

Según nuestras fuentes, estas personas siempre se dedicaban al sicariato al servicio de los capomafiosos de la zona baja de Canindeyú. Los fiscales investigan si los detenidos tienen una relación con la diputada Villalba; su hermano, el intendente de La Paloma, Carlos “Cabrito” Cabral (ANR), y el prófugo intendente de Ypejhú, Vilmar “Neneco” Acosta.

Según la Fiscalía, “Neneco” Acosta había ordenado que el corresponsal de ABC Color en Curuguaty, Pablo Medina, sea ejecutado porque el hombre de prensa últimamente ya descubría todo el modus operandi del mismo y venía publicando.

“Neneco” creía que el crimen iba a quedar impune, pero rompió el famoso “código” narco y tuvo un efecto contrario: permitió revelar la invisible conexión entre los narcos y políticos, magistrados y otros hombres poderosos.

El exintendente está ahora prófugo y el Partido Colorado se vio obligado a expulsarle del padrón en segunda instancia, tras fuerte presión ciudadana.

 
 

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