El allanamiento de la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), realizado el pasado jueves 7 de enero, se ejecutó en el marco de investigaciones abiertas en un proceso seguido a dirigentes de la entidad, actualmente a cargo de la Fiscalía de Nueva York, manifestó el juez al rechazar las pretensiones de los representantes legales de la institución deportiva.
En representación de la Conmebol, los abogados Alfredo Montanaro y Cristóbal Cáceres Frutos, pidieron al juez Delmás copias de los documentos y antecedentes que originaron la intervención de la sede de la entidad así como el secuestro de miles de documentos.
El allanamiento está “sustentado en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal, suscrita en Nassau, Bahamas, en el año 1992, vigente entre la República del Paraguay y los Estados Unidos de América”, expresó el juez.
“Esta Convención se aplica únicamente a la prestación de asistencia mutua entre los Estados partes” y “sus disposiciones no otorgan derechos a particulares para obtener o excluir pruebas o impedir la ejecución de cualquier solicitud de asistencia”, justificó el magistrado Delmás.
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Al señalar que los representantes de la justicia norteamericana solicitaron al Ministerio Público paraguayo el allanamiento de la Conmebol y el secuestro de documentos, el juez Delmás dijo que esa intervención se realizó, además, conforme a normas de una “cooperación jurídica internacional” a fin de “colectar evidencias en el marco de la investigación iniciada en Nueva York”.
Con relación al caso se encuentran procesados y presos varios exdirigentes de la Conmebol.
