Jueza aceptó demanda civil, pero no se expidió sobre informes a telefonías

La jueza Mafalda Cameron Luque aceptó intervenir en el juicio de acciones preparatorias por indemnización por daños y perjuicios que presentó el PLRA. Sin embargo, no se expidió sobre el pedido de registros de llamadas de Cartes y su entorno. Las pruebas se perderían mañana.

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La magistrada del noveno turno en lo Civil y Comercial de Capital, admitió el juicio de practicamiento de diligencias preparatorias, tras las inhibiciones de sus colegas Hugo Bécker y Walter Mendoza.

Sin embargo, Cameron no resolvió a tiempo si admitía o no realizar la intimación a las telefonías celulares Telecel SA o Tigo Paraguay, Núcleo SA o Personal Paraguay, Claro Paraguay y Vox Paraguay, para que en el plazo de 24 horas remitan los registros de 21 teléfonos celulares.

Las compañías guardan por seis meses los elementos, para auxiliar luego a la Justicia. El plazo se cumple mañana y existe el riesgo de que se destruyan las evidencias.

Los abogados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Guillermo Duarte y Santiago Lovera, pidieron los registros de llamadas entrantes y salientes, y las ubicaciones de las celdas de los teléfonos utilizados por el presidente de la República, Horacio Cartes; los senadores colorados Juan Darío Monges y Lilian Samaniego, además del exministro del Interior Tadeo Rojas; del actual ministro, Lorenzo Lezcano; y de los allegados al presidente, el empresario tabacalero José Ortiz, el abogado de Yacyretá Luis Canillas, y Arnaldo Franco, secretario privado de la Presidencia.

La solicitud se dio luego de que la pericia del cruce de llamadas del excomandante de la Policía Nacional, comisario Críspulo Sotelo, revelara las insistentes comunicaciones con personas ajenas al ámbito policial.

Por ejemplo, se supo que Ortiz se comunicó en 16 ocasiones con Sotelo, mientras que Canillas lo hizo unas 24 veces. Los dos lo hicieron más que el presidente Cartes, quien tuvo 10 conversaciones con Sotelo, entre el 31 de marzo y el 1 de abril.

También se supo que Cartes, Ortiz y Canillas estaban en Mburuvicha Róga, y Sotelo estaba en la Comandancia.

El Ministerio Público rechazó incluir la prueba para intentar llegar a los responsables del ataque ilegal a la sede del PLRA, en la madrugada del 1 de abril de este año, cuando fue asesinado el joven dirigente Rodrigo Quintana. Por su muerte solo está procesado el suboficial segundo Gustavo Florentín.

Fiscala rechazó incluirlos

La fiscala Raquel Fernández rechazó pedir los informes de los registros telefónicos de Horacio Cartes y su entorno con el excomandante de la Policía Crio. Críspulo Sotelo antes, durante y después del ataque a la sede del PLRA.

Para la agente la solicitud es “impertinente” e “inconducente” porque no se sabrá el contenido de las conversaciones. Le preocupa más no aportar al “morbo” que saber con quiénes habló Cartes en la noche del crimen de Rodrigo.

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