El 6 de julio último la fiscala Victoria Acuña presentó la petición de desafuero de Buzarquis a la jueza Gricelda Caballero y esta no le dio trámite, hasta que ayer remitió la nota de solicitud al presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Ovelar.

Acompañado al pedido de desafuero también fue la acusación fiscal para que los senadores estén al tanto de los delitos por los que se le acusa al político y pueden decidir si le sacan los fueros o no.

Enrique Salyn Buzarquis había sido denunciado en marzo de 2014, supuestamente por violar la Ley de Contrataciones Públicas, cuando era ministro de Obras Públicas, al contratar directa e innecesariamente servicios de la consultora italiana Enterprise SPA, que ahora exige el pago de US$ 600.000 al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a Yacyretá.

La acusación fiscal señala que el imputado Buzarquis contrató a la compañía extranjera para que haga estudios de suelo en la zona del Chaco y en el departamento de Ñeembucú, por suscribir el acuerdo sin tener la potestad de hacerlo en su calidad de ministro. Por ese motivo fue imputado por usurpación de funciones y como los trabajos nunca se realizaron, pero sí se pagaron, el ahora exministro de Obras Públicas fue procesado por lesión de confianza.

El 10 de julio último se tenía que llevar a cabo la audiencia preliminar para Buzarquis, pero ante el pedido de la fiscala Acuña, la diligencia se truncó por décima vez.

Este caso viene siendo dilatado desde hace más de cuatro años debido a las innumerables chicanas que el político liberal presentó.

La audiencia preliminar no se podrá hacer hasta que el senador sea desaforado.