Según el procedimiento legislativo ordinario para los juicios políticos, el Senado debe dar entrada en una sesión a la acusación formulada por la Cámara de Diputados y remitirlo a la comisión de Asuntos Constitucionales.

En esa instancia, se debe dictaminar si se cumplen los requisitos establecidos en la Constitución y fijar un reglamento para llevar adelante el juicio. Dicho reglamento debe establecer la convocatoria y los plazos para que el acusado ejerza su defensa.

Para aprobar la acusación y destituir de su cargo al afectado, en este caso el contralor García, se necesita una mayoría absoluta de dos tercios (30 votos). Hasta el momento, no hay seguridad de contar con esa mayoría.