La postura uniforme de las bancadas del oficialismo y la oposición en la Cámara de Senadores es que se debe definir el juicio político al contralor García, iniciado el año pasado con la aprobación de las acusaciones en la Cámara de Diputados.
Todos coinciden en que no se justifica seguir demorando una definición, ya que eso afecta al funcionamiento de la institución, además de prestarse al chantaje y las presiones políticas. Se requieren 30 votos como mínimo de un total de 45 para destituir a García.
En su reunión del pasado lunes, la mesa directiva y los líderes de bancada resolvieron que en el plazo de una semana (es decir, al siguiente lunes) los distintos sectores políticos definirían una postura y acordarían un calendario para tratar tanto el juicio político al contralor García, como también al ministro de la Corte César Garay Z. y la elección de un nuevo miembro del máximo tribunal tras la destitución de Sindulfo Blanco.
Sin embargo, la decisión adoptada por la Cámara de Diputados en su sesión ordinaria del pasado miércoles, de aprobar sobre tablas incluir dos nuevas causales contra García, supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, puede demorar la convocatoria del Senado para la continuidad del juicio.
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La acusación contra García, inicialmente aprobada en junio de 2018 en la Cámara Baja, solo incluye “mal desempeño de funciones que, además, podrían constituir delitos cometidos en el ejercicio del cargo y delitos comunes. Las nuevas acusaciones, aprobadas por una mayoría de 54 votos en Diputados, fueron motivadas por la investigación del Ministerio Público surgidas del informe de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero sobre movimientos inusuales en las cuentas del contralor. La ampliación de las acusaciones genera un debate en el Senado, ya que algunos legisladores consideran que no corresponde este “agregado”, que además no tiene antecedentes.
Por otro lado, esta nueva resolución del Senado recién tendrá entrada oficial en la sesión ordinaria del Senado del próximo jueves. Ante esta situación, algunos senadores consideran que las dos nuevas acusaciones se deben simplemente agregar a las anteriores y proceder a establecer el calendario para continuar el juicio político a García. Otra postura que se maneja es que el Senado debe rechazar este agregado por no estar previsto en ninguna ley ni reglamentación del juicio político.
Finalmente, otros creen que se debe dar entrada oficial a la resolución y remitirla a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que la misma dictamine si corresponde o no tomar en cuenta la decisión de la Cámara Baja.
Un “paquete” de cargos
La eventual vacancia en la Contraloría General de la República entraría dentro de un paquete de cargos a ser negociados entre distintas bancadas. Esto incluiría las vacancias en la Corte Suprema, una de las cuales, la de Sindulfo Blanco, ya está para definirse y la otra, la de Raúl Torres Kirmser está en proceso de designación de la terna de candidatos en la Corte Suprema. A ellas, se agregaría eventualmente la vacancia del ministro de la Corte César Garay Z., cuyo juicio político está pendiente en el Senado, hasta ahora sin fecha de tratamiento.