Los antecedentes señalan que la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de someterlo a juicio político por cinco causales de mal desempeño (ver la infografía), en marzo de 2018. Tras meses de retraso, el trámite tuvo ingreso en el Senado el 5 de julio de ese año.

Tras varias renuncias y reemplazos, el 31 de octubre quedó confirmado el equipo de fiscales acusadores entre miembros de la Cámara de Diputados. Estos son Hernán David Rivas (ANR-cartista), Celeste Amarilla (PLRA- efrainista) y Ramón Romero Roa (ANR, independiente). En el Senado no se tienen los 30 votos necesarios para destituir a García. Hasta ahora el juicio está “cajoneado” en la Cámara Alta.

El principal actor político que opera para defender a García sería el senador Dionisio Amarilla (PLRA, llanista), quien está investigado por enriquecimiento ilícito.

La esposa de Amarilla, Analy Valiente, es la directora de Declaraciones Juradas de la Contraloría. Si la Fiscalía decide conocer el patrimonio del legislador, será su cónyuge quien deba proporcionar estos datos.

En el fuero Penal, la fiscala Liliana Alcaraz pidió la desestimación de la denuncia contra García por la contratación de una consultora externa ligada a su jefa de gabinete. Este caso es uno de sus causales de juicio político.

Por otro lado, recientemente la Corte anuló la imputación contra García por el caso Ivesur, por tener inmunidad en el cargo.

El contralor general Enrique García tiene cinco causales de enjuiciamiento político.

La principal es su imputación, siendo abogado de la Comuna, por no haber apelado el fallo que condenó a la Municipalidad de Asunción a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur, representada por el abogado Juan Ernesto Villamayor, apoderado del Movimiento Colorado Añetete.