La junta aprobó ayer la minuta que exige a la Dirección de la Asesoría Jurídica de la Junta Municipal, que se constituya en la Fiscalía, e informe en 8 días, como está la investigación abierta al exasesor jurídico.
En diciembre de 2016, el Ministerio Público resolvió investigar a García por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza por omisión. El entonces director jurídico de la Municipalidad no apeló el fallo de un tribunal arbitral, que condenó a la comuna capitalina a pagar US$ 3,6 millones a la firma Invesur en concepto de indemnización.
Sin embargo, la causa está cajoneada en la fiscalía, en donde no se ha tomado hasta ahora ninguna resolución.
La investigación estuvo a cargo de la fiscala Nadine Portillo, que fue trasladada de la Unidad de Delitos Económicos, luego de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento y que fueron publicados por ABC Cardinal.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En la grabaciones se escuchó a Portillo conversar con el entonces secretario del Jurado, Raúl Fernández Lippmann. Este le consultó si era cierto que se iba a imputar a García, a lo que ella respondió que no.
La respuesta de Portillo, Fernández Lippmann le informó al exmiembro del Jurado y senador Adolfo Ferreiro, quien habría estado operando a favor de García.
Luego, Portillo fue reemplazada por el fiscal Leonardi Guerrero, quien ahora tiene a su cargo la causa.
Grave
“La Junta no puede dejar de conocer en forma fehaciente de la grave situación de este expediente, donde a punto está el Municipio de ser despojado de más de 4,5 millones de dólares incluido los honorarios de los Abogados de Ivesur“, dijo el concejal proponente Orlando Fiorotto (ANR).
“Cual es la verdad real definitivamente de este proceso es lo que corresponde saber, en donde el Municipio a través del Asesor Jurídico en aquel entonces José Enrique García apeló o no la resolución del Laudo Arbitral, que condena a la comuna a pagar una suma extraordinaria”, manifestó.
Tras la votación, se aprobó por mayoría remitir el pedido y dar un plazo de ocho días a la Dirección Jurídica para que informe.
No se apeló
Los tribunales de apelación del fuero civil, Primera y Quinta Salas, confirmaron mediante sendas resoluciones la comuna no apeló la sentencia condenatoria, lo cual le obligará pagar a Ivesur los US$ 3,6 millones.
De la grosera negligencia se busca culpar al funcionario inferior de la Asesoría Jurídica de la Comuna, Rodolfo Duarte, a quien sindican como el responsable de presentar la apelación del fallo ante el Poder Judicial.