Jurado presiona a los fiscales en el caso de la imputación a un ministro

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados pidió ayer formalmente a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre todas las actuaciones realizadas en torno a la imputación por prevaricato al ministro de la Corte Suprema Sindulfo Blanco. Los fiscales consideran que el requerimiento, en realidad, es un “apriete”.

El oficio que llegó a la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción va dirigido al fiscal adjunto Federico Espinoza y a los fiscales de esa unidad, René Fernández y Lionel Piñánez.

Refiere el escrito firmado por el presidente del Jurado, Adrián Salas, que se “traiga a la vista todos los antecedentes que guardan relación con la publicación periodística emitida por el diario Abc Color, en fecha 2 de mayo de 2016 bajo el título ‘imputación’ a Blanco generó enfrentamiento y atrincheramiento y además un relato pormenorizado sobre el caso en cuestión”.

Para responder a este requerimiento, el Ministerio Público remitirá la carpeta fiscal de manera que el Jurado tenga todos los elementos para analizar.

La moción de pedir informe fue presentada por el diputado colorado Óscar Tuma, representante de la Cámara Baja ante el Jurado.

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La moción fue aprobada por el pleno, entre los que, además de Tuma y Salas, estaban el senador Adolfo

Ferreiro, el ministro de la Corte Suprema de Justicia José Torres Kirmser, el diputado Jorge Ávalos Mariño, y el entonces presidente del Consejo de la Magistratura Enrique Riera.

No estuvo presente en esa sesión la ministra de la Corte Gladys Bareiro de Módica.

Si bien el Jurado pidió informes, varios de los miembros que aprobaron el requerimiento no se mostraron muy convencidos del objetivo y mucho más ante la posibilidad de que se los acuse de presionar a la Fiscalía.

Pero indicaron que como la moción fue hecha por un miembro del Jurado, que el involucrado es un ministro de la Corte, que el análisis puede ayudar al debate que se generó en el ámbito jurídico y político por este caso, se decidió pedir el informe.

Sin embargo, en la Fiscalía el pedido de informe es considerado un “apriete” al trabajo de investigación de los agentes del Ministerio Público y que tiene como base un recurso de casación que fue admitido, pese a que no había sentencia firme como exige la ley por el referido ministro junto al exmiembro de la Corte Víctor Núñez.

El denunciante y afectado es Peter Kennedy, quien fue condenado a 2 años y 6 meses de cárcel.