La semana pasada, la Cámara de Apelaciones integrada por los magistrados Pedro Mayor Martínez, Mirta González de Caballero y Cristóbal Sánchez confirmó al juez Óscar Delgado en el proceso a Bogado. Sin embargo, el Tribunal no se animó ni siquiera llamar la atención al juez y al legislador, que en evidente ejercicio abusivo del derecho, trabó una vez más la audiencia preliminar en la que se tenía que resolver si afronta o no juicio oral por cobro indebido de honorarios y estafa.
El 28 de marzo pasado se intentó una vez más llevar adelante la audiencia preliminar. Empero, el legislador colorado presentó como nuevos defensores a los abogados José González Macchi y Víctor Galeano Perrone.
El juez, según la ley (ver infografía), tenía la obligación de rechazar la personería de los dos abogados, atendiendo que la intención era hacerle inhibir del caso para trabar la preliminar. Sin embargo, Delgado reconoció la personería de los dos letrados y se apartó de la causa. De esta manera le “dio una mano” al legislador colorado para seguir dilatando su proceso, ya que después de seis meses la Cámara lo ratificó como magistrado del juicio.
Además, ahora Bogado tiene la posibilidad de recurrir a la Corte, la decisión de la Cámara de Apelaciones, para seguir trabando la audiencia preliminar.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Complacientes
Tanto el juez Delgado, como los miembros de la Cámara de Apelaciones se mostraron muy complacientes con Bogado, pese a un evidente ejercicio abusivo del derecho. Esto incluso lo admitió el Tribunal de Apelaciones en el fallo de la semana pasada, pero sus miembros no se animaron a sancionar al parlamentario. También al magistrado Delgado, por lo menos se le debió llamar la atención, ya que ignoró lo que dice la ley al admitir la personería de los abogados González Macchi y Galeano Perrone.
Corte sometida
El año pasado, ante las duras críticas por la mora judicial y las groseras dilaciones en los procesos a políticos, narcotraficantes y otros “peces gordos”, la Corte dictó la acordada 961 por la cual se sanciona el ejercicio abusivo del derecho y también al juez que no castiga las chicanas. Sin embargo, la máxima instancia judicial no cumple y mucho menos hace cumplir su propia acordada.
Los ministros no sancionan a los políticos que dilatan sus procesos y tampoco a jueces que se prestan a la maniobra de los legisladores procesados por corrupción.
La postura sumisa de los ministros no solo favorece a Bogado, sino a varios políticos como el senador liberal Enzo Cardozo; los diputados colorados José María Ibáñez y Óscar Núñez; el exministro de Obras Salym Buzarquis; el exministro del Interior Rafael Filizzola.
La Corte está presidida por Alicia Pucheta; e integrada por Raúl Torres Kirmser, Miryam Peña, Antonio Fretes, Óscar Bajac, Sindulfo Blanco, César Garay, Gladys Bareiro y Luis Benítez Riera.
Fiscalía acusó hace dos años
El 25 de octubre de 2013, la fiscalía imputó a Víctor Bogado por cobro indebido de honorarios y estafa. El 4 de junio de 2014 se presentó la acusación y el Ministerio Público pidió juicio oral para el legislador colorado. Sin embargo, dos años y cuatro meses después, la justicia ni siquiera resolvió si el parlamentario debe afrontar o no juicio oral junto a la exniñera de sus hijas, Gabriela Quintana, y su exjefe de Gabinete, Miguel Pérez. Bogado cuando era titular de Diputados mandó contratar a Quintana en Itaipú, a sabiendas de que no iba a poder cumplir con su obligación laboral, ya que era funcionaria de la Cámara Baja. El perjuicio al Estado fue de alrededor de G. 70 millones.