Justifican potestad para remoción de funcionarios

El vicepresidente Hugo Velázquez calificó ayer como un proceso normal los cambios de funcionarios en las instituciones públicas porque son cargos de confianza. Negó que se trate de persecuciones a adherentes del cartismo.

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El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, aseguró ayer que las destituciones en las instituciones del Estado no forman parte de una persecución a los adherentes del movimiento Honor Colorado, liderado por el expresidente Horacio Cartes.

Velázquez se refirió a las designaciones en cargos de confianza de personas que colaboraron durante la campaña electoral. Expresó que el hecho de acompañar a algún movimiento político “es apenas un valor agregado” y “que todas las personas a las que se les está designando deben tener las condiciones también para los cargos”.

También alegó que lo acontecido con el exdirector de Migraciones, Julián Vega, nada tuvo que ver con una falta de capacidad. “Uno asume que cuando tiene las condiciones intelectuales estará acompañado por las condiciones morales, pero no se puede adivinar qué va a hacer un funcionario”, manifestó. Velázquez aludió al caso del exdirector de Migraciones, quien en plena visita oficial del presidente Mario Abdo Benítez a Taiwán, a mediados de este mes, fue “invitado” a abandonar esa nación insular tras ser denunciado por acosar sexualmente a la traductora que lo asistía. Tras el escándalo, Vega se vio obligado a renunciar desde Taipéi.

La inconducta del alto funcionario fue divulgada por el portal Taiwán News, que sostiene que el 5 de octubre Vega fue acusado por una traductora asignada por el Gobierno de la isla por “frotarle los muslos en forma inapropiada”. Tras una mediación, Vega y la funcionaria acordaron que no se presenten cargos o una denuncia formal a cambio de que el director de Migraciones abandone Taiwán cuanto antes.

En la era cartista

Durante gran parte del gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), según denuncias del movimiento Colorado Añetete, se registraron más de 1.000 casos de persecuciones a funcionarios públicos que militaban en la disidencia. Se mencionaron despidos, traslados, amedrentamiento y amenazas, entre otros.Estas denuncias fueron documentadas en el Registro de Protección al Funcionario Público Colorado que dependía del movimiento Colorado Añetete.

“Vení registrate para protegerte de la persecución política cartista”, señalaba un cartel ubicado en el local que habilitó Colorado Añetete en Asunción para el efecto y está situado en República Dominicana 363 y Capitán Brizuela.

Según los datos, 197.000 funcionarios públicos están afiliados a la ANR.

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