La funcionaria, que estuvo “desaparecida” por varios días, luego de haberse hecho público su caso, dijo que se ponía a disposición de las autoridades competentes, es decir, del Ministerio Público, para ser investigada. No obstante, sostuvo que no hubo dolo de su parte ni intención de sacar algún tipo de beneficio económico.

Rodríguez evitó referirse directamente a la cuestión de si firmó o no las planillas de asistencia del asesor español, pero ponderó el currículum y los méritos del mismo, asegurando que colaboró en el trabajo parlamentario de su bancada en la Cámara de Diputados. En declaraciones a ABC Cardinal, señaló que el asesor no tenía la obligación de marcar asistencia y que su trabajo se juzgada por su productividad.

Apuntó también que Valencia cumplió todos los requisitos formales que establecía la Justicia Electoral, institución de la cual era funcionario permanente y la Cámara de Diputados, donde fungía como asesor legislativo.

Rodríguez también se refirió y defendió su desempeño como diputada, apuntando que siempre estuvo entre los legisladores con mayor producción.

En ese sentido dijo que dicha producción en la Cámara de Diputados fue posible por la colaboración de profesionales de primer nivel.

También señaló que siempre estuvo en contra del “planillerismo” en los espacios públicos que le tocó asumir. Como demostración, apuntó que la primera medida tomada desde la Dirección General del Área Social que ahora ocupaba solicitó la implementación del reloj biométrico como mecanismo de control más efectivo del funcionariado del área.

Rodríguez insistió en que cualquier falla administrativa que haya cometido “será debidamente asumida”.