“Ellos (los acusados del secuestro) tienen el estatus de refugiado, pero lógicamente, a través de la Conare local, se podrá estudiar cuál es la situación; o sea, pedir informes de cuál es la situación actual”, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, en declaraciones a periodistas.
Cabe recordar que la Cancillería ha remitido a su par brasileña (Itamaraty) pedidos de extradición en 2004 y ha reiterado en el 2008 y 2010, pero sin respuesta.
Las declaraciones del canciller Loizaga ratifican lo adelantado el miércoles pasado tras suscribir el Memorándum de Entendimiento con la representante regional para América Latina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Eva Demant.
Consultado por periodistas si la Cancillería hace un seguimiento del caso de los exdirigentes del Partido Patria Libre, Loizaga dijo que la cartera de Relaciones Exteriores “hizo el seguimiento”. “Hay que ver el estado en el que está, porque normalmente se concede por un tiempo y de acuerdo a la conducta se puede renovar o no”, subrayó.
Hasta la fecha, la justicia de nuestro país no logró la extradición de los exdirigentes de Patria Libre, acusados del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido el 16 de noviembre de 2001 en el Parque Ñu Guasu de Asunción y liberada 64 días después, luego del pago de un rescate de un millón de dólares americanos.
Como consecuencia de esto, se dio la apertura de la carpeta fiscal en Paraguay sobre la investigación del secuestro de María Edith, se procesó a Arrom, Martí y Colmán, pero a días de iniciarse el juicio oral en dicha causa, a mediados del 2002, los tres imputados huyeron al Brasil, donde solicitaron refugio, que fue concedido por la Conare del Brasil. Se verá si el gobierno de Cartes reitera el pedido de levantamiento del refugio. Asimismo, la justicia debe pedir nuevamente la orden de captura internacional.