Este lunes 19 de marzo, a las 12:00, frente al Congreso Nacional, se realizará una gran protesta en repudio al proyecto de “autoblindaje” aprobado en el Parlamento.
La manifestación es impulsada por los candidatos a diputados por la concertación “Unámonos”, Lista 60, e invitan, más allá de los colores partidarios o movimentistas, a toda la ciudadanía a sumarse para expresar su indignación en contra de la medida que hará más difícil sacar del Congreso a los senadores y diputados denunciados por hechos de corrupción.
La normativa fue ratificada en ambas cámaras y ahora resta la promulgación o veto del Poder Ejecutivo.
El lema elegido por los propiciadores de la movilización dice: “Es hora de que levantes tu voz de protesta contra el autoblindaje”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En caso de que el Ejecutivo promulgue esta ley, para que un parlamentario que haya incurrido en tráfico de influencias sea expulsado de la cámara, como ocurrió con el colorado Óscar González Daher, se precisará de mayoría de dos tercios de votos (30) y no de simple mayoría (la militad más uno de los presentes), como era hasta ahora.
Igualmente, incluyeron en la ley la disposición por la que “para la determinación de la existencia de un hecho punible (por el cual se puede considerar la pérdida de investidura), se respetarán las normas penales vigentes”. Esto significa, según apuntaron senadores que votaron para aprobar la ley, que deberá haber una sentencia definitiva del Poder Judicial que señale sin lugar a dudas la existencia del delito de tráfico de influencias.
La inclusión de ese párrafo sobre la sentencia judicial tornará imposible que se considere de ahora en adelante en el Congreso sacarle la investidura a algún legislador, ya que es de público conocimiento que el Poder Judicial suele tardar lustros y hasta década para emitir un fallo cuando se trata de algún político.
La otra posibilidad para dejar sin efecto el cuestionado autoblindaje es que el Poder Ejecutivo vete totalmente la ley. En ese caso, la normativa volverá al Congreso, donde cada una de las cámaras necesitará mayoría absoluta, 41 votos en Diputados y 23 en el Senado, para ratificar la aprobación.