Bacigalupo, jueza penal de Garantías con permiso, asumió el Ministerio de Justicia en reemplazo de Sheila Abed, durante un acto realizado en el Palacio de Gobierno, ceremonia en que también juró Juan Carlos Baruja como nuevo ministro de Agricultura y Ganadería en sustitución de Jorge Gattini.
La nueva ministra, en conferencia de prensa, señaló que recibió “una instrucción específica” del presidente Cartes de iniciar la construcción este año de las nuevas penitenciarías: una en Ciudad del Este; otra en Emboscada (que ampliará a la ya existente en esta ciudad) y un reclusorio de máxima seguridad en Villa Hayes.
No supo decir el monto de la inversión requerida, pero explicó que el Ministerio de Hacienda y una comisión técnica de la cartera de Estado a su cargo ya tienen establecido el presupuesto.
Dijo que hay una orden del titular del Ejecutivo de destrabar el proceso burocrático para llamar a licitación.
Bacigalupo, quien fue hasta mediados del año pasado viceministra de Política Criminal del Ministerio de Justicia, resaltó que con las nuevas edificaciones se generarán más de 3.000 espacios, lo que podrá descomprimir el hacinamiento de más de 5.000 personas que existen actualmente en todo el sistema penitenciario paraguayo.
La nueva titular de Justicia enfatizó que las cárceles, si bien son necesarias, no son la mejor medida para los problemas de criminalidad. “Seguir encerrando problemas sociales no es la solución”, aseguró. Sostuvo que se deben buscar soluciones de fondo para reducir los niveles de violencia e inseguridad en el país, con políticas estatales de prevención, educación, salud y la utilización de medidas alternativas a la penalización carcelaria. Bacigalupo afirmó que otra de sus prioridades será el tema del acceso a la justicia, que se hará con la instalación de las “casas de justicia” en los lugares más remotos del país. Dijo que también trabajará en el mejoramiento de la gestión de justicia para lo cual se integrará una mesa interinstitucional, conformada por el presidente de la Corte, el fiscal general, la defensoría pública y los ministros del Interior y Justicia.