Hoy vencen los mandatos de cinco años de dos de los tres miembros del TSJE, que asumieron sus funciones el 22 de agosto de 2013. Bestard y Wapenka fueron designados por el Senado en agosto del 2013 con un acuerdo “azulgrana”, pero iniciaron una gestión ante la Corte con el objetivo de ser declarados inamovibles hasta los 75 años. De esta manera, buscan eludir la confirmación del Senado para otro periodo.
La Corte reflotaría como precedente su fallo Nº 246 de mayo del año 2000, resolución que utilizaron los propios ministros de la máxima instancia judicial para declararse inamovibles a sí mismos. En una aclaratoria, la Corte señaló que la inamovilidad también beneficia a los miembros del TSJE.
En ese entonces el fallo fue justificado por el entonces ministro Luis Lezcano Claude, a cuyo voto se adhirieron Bonifacio Ríos, Carlos Fernández Gadea, Antonio Fretes, Rodolfo Gill Paleari y Basilicio García.
De esta manera fueron declarados inamovibles Alberto Ramírez Zambonini (PLRA), Rafael Dendia (PDC) y Juan Manuel “Mochito” Morales (ANR). Todos fueron confirmados en 2004 por el Senado.
Dendia renunció en 2008 y Morales renunció en mayo de 2013. En cambio Zambonini, con 71 años, continúa en el cargo. Años atrás incluso fue imputado por haber sido supuestamente cómplice de un esquema de planilleros, pero fue sobreseído.
Soportan denuncias
Por su parte, los tres miembros del TSJE, Ramírez Z., Bestard y Wapenka, fueron denunciados por supuestas irregularidades por cobro de viáticos de viajes fantasma.
Wapenka también fue investigada por haber hecho nombrar como funcionarias a dos mujeres que en realidad eran sus empleadas domésticas.
A esto se suma que los tres miembros de la máxima instancia electoral mantuvieron el sistema de votación de la lista “sábana”, que permite que políticos procesados como los senadores Óscar González Daher (imputado), Víctor Bogado (acusado), Jorge Oviedo Matto (imputado), entre otros, sigan ocupando bancas.
Los tres miembros del TSJE recomendaron rechazar los proyectos de desbloqueo de listas que se presentaban en el Congreso. También mantuvieron el sistema de utilizar el TSJE para dar salarios a miles de operadores políticos que ni siquiera acudían a trabajar.
Hasta diciembre del 2017 el ente tenía unos 7.000 funcionarios pero creció durante las elecciones y se desconoce la cantidad porque no publican el listado.