Diputado Miguel Cuevas
La fiscala Josefina Aghemo fue designada para investigar al diputado colorado Miguel Cuevas (ANR-Añeteté), quien actualmente es presidente de la Cámara Baja.
La fiscala adjunta anticorrupción Soledad Machuca dispuso la apertura de una investigación penal contra Cuevas, por la segunda denuncia en su contra sobre malversación de G. 1.200 millones en concepto de combustibles durante el 2016 cuando era gobernador del departamento de Paraguarí (2013-2017).
Según los datos, se emitieron órdenes de trabajo para vehículos que estaban en desuso, e igual cargaban combustible.
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Esta denuncia fue presentada por el concejal Ezequiel Cáceres López (PDP) por supuesta lesión de confianza y también por enriquecimiento ilícito, debido a su meteórico crecimiento económico.
Esta es la sexta denuncia contra Cuevas sobre presunta lesión de confianza, a la que se le suma ahora enriquecimiento ilícito en la función pública.
Anteriormente, logró zafar otra denuncia por lesión de confianza que se refería a un faltante de G. 40.000 millones en la Gobernación, que eran recursos que debían destinarse a obras y merienda escolar.
En octubre, consiguió que el juez Blas Cabriza y el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción de Paraguarí, desestimen la denuncia de los G. 40.000 millones, razón por la cual el demandante, el concejal Cáceres, recurrió a la Corte.
Cuevas cuando fue gobernador de Paraguarí, antes de convertirse en diputado, pasó de tener una modesta casa en la ciudad de Sapucái, a una mansión que ocupa toda una manzana.
La vivienda tiene edificaciones de dos plantas, dos entradas de vehículo, quincho, piscina y hasta ascensor para acceder al segundo piso. El diputado habría hecho refacciones por G. 1.000 millones, según la denuncia presentada.
Asimismo, expresa que Cuevas tenía dos establecimientos ganaderos en el 2013 y para 2016 adquirió tres inmuebles más por G. 954.532.000.
También tiene otra lujosa casa en el barrio Villa Morra de Asunción, donde vive con su esposa Nancy Dejesús Florentín y sus seis hijos. La esposa es acusada de planillera.
El legislador dijo que solicitaría su desafuero porque no tiene “nada que ocultar”, aunque luego dijo que se trataba de una persecución política. Fue poco después de la apertura de la carpeta fiscal. Sin embargo, no especificó cuándo lo haría. A dos meses de esas declaraciones, aún no tomó la iniciativa de pedir a sus colegas votar por su desafuero y ponerse a disposición de la justicia.
Senador Dionisio Amarilla
El senador llanista Dionisio Amarilla es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
La denuncia fue presentada el 25 de julio por la Coordinadora de Abogados del Paraguay, porque su nivel de vida no condice con los salarios recibidos siendo funcionario público, ya que es el único sector en el cual trabajó.
El exfuncionario de la UNA tiene una residencia valuada como mínimo en unos US$ 300.000 y una casa quinta en Ñemby, valuada en más de G. 1.500 millones, una camioneta Land Cruiser adquirida por G. 706 millones, poco después de culminar su campaña para el senado, en la que habría gastado G. 1.800 millones, según estimó una Ong.
La Fiscalía había solicitado a la Contraloría General de la República la correspondencia de bienes del denunciado. Pero, irónicamente, la encargada de elaborar dicho informe es nada menos que la esposa de Amarilla, la directora de Declaraciones Juradas, Analy Valiente.
Amarilla está vinculado a una firma constructora denominada BGF S.A., pero su nombre no aparece en la nómina de directivos, solo se observa como encargado al arquitecto Blas Gustavo Franco.
Dicha empresa fue adjudicada por la Gobernación de Neembucú durante la administración del liberal llanista Carlos Silva (padre del diputado Carlos Silva Rivas), con varias obras que no se realizaron o son muy precarias.
Amarilla era un humilde y entusiasta dirigente estudiantil de la Facultad de Economía que comenzó su carrera laboral como contratado en la UNA, de la mano del exrector Darío Zárate Arellano.
Gracias a su cercanía con la máxima autoridad rápidamente se ubicó como administrador de la UNA, cargo en el que se atornilló por dos décadas, periodo en que ubicó a sus parientes y esposa en distintos puestos dentro de
la función pública. Después, se postuló a diputado (2013-2018) y luego, desde julio de este año, ocupa una banca como senador.
El 29 de octubre, se presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal contra el senador liberal Dionisio Amarilla, por producción de documentos públicos de contenido falso, en alusión al doble voto emitido en la sesión del 26 de octubre.
El abogado Theodore Stimson encabezó la iniciativa, que se fundamenta en el artículo 251 del Código Penal, como también en varios artículos de la Constitución Nacional. Stimson sostuvo en su escrito que cada legislador está obligado a actuar de acuerdo a la Constitución Nacional en igualdad, “sin votos múltiples o privilegiados, sino un voto cada uno”.
El pasado 12 de noviembre, la fiscala Sonia Mora lo citó a declarar, ocasión en que se ratificó en su denuncia.
Senador Javier Zacarías Irún
La Fiscalía de Delitos Económicos abrió también una carpeta fiscal tras la presentación de una denuncia por supuesto lavado de dinero, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y otros, que apunta al senador Javier Zacarías Irún, a su esposa e intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías; además de su hermano, el diputado Justo Zacarías y su esposa, la diputada Rocío Abed, y su hermana Margarita Antonia Zacarías Irún. La denuncia también alcanza a Alberto Rodríguez, Fernando Román y al periodista Carlos Botino.
Según investigaciones realizadas por este diario, los Zacarías, lograron vivir como multimillonarios, en coincidencia con los 17 años que estuvieron al frente de las instituciones públicas en Alto Paraná.
Luego de ser reelecto como intendente de Ciudad del Este, en el 2007 Javier Zacarías Irún renunció, y fue reemplazado por su esposa, Sandra McLeod de Zacarías. Ella hasta ahora se mantiene en el puesto, aunque por el momento separada, a raíz de la intervención.
Ni bien renunció a la Intendencia, en el 2007 Javier Zacarías abrió su primera empresa, una unipersonal del rubro inmobiliario que más tarde llegaría a registrar movimientos que superarían los G. 7.000 millones.
En coincidencia con la llegada de Horacio Cartes a la presidencia de la República y de su hermano, Justo Zacarías, a la Gobernación del Alto Paraná, la adquisición de bienes de los Zacarías McLeod parecería dispararse a partir del 2013. En octubre de ese año se formó Gestiones del Este, donde son accionistas Javier Zacarías, su hermana y funcionaria judicial Margarita, su socio Fernando Román y la esposa de este, Diana Britos.
Entre el 2014 y el 2017 el senador cartista y su esposa compraron en Meia Praia, Itapema, estado de Santa Catarina, en Brasil, tres departamentos de superlujo y ocho cocheras en edificios ubicados frente al mar.
Desembolsaron unos G. 7.108.200.000, según documentos, aunque no se descarta una subvaloración de inmuebles.
En el 2014 Javier Zacarías también adquirió una avioneta Beechcraft valuada en 170.000 dólares que en la matrícula lleva sus iniciales.
En el 2016 se habilitó Itapema Constructora SA, de Fernando Román y el hermano de este, Arsenio Román Fernández, Javier y Justo Aricio Zacarías Irún.
Fiestas de superlujo, viajes permanentes a Europa y un hijo estudiando en Londres se sumaron a la vida de lujo de los Zacarías. Paralelamente, varias denuncias se presentaban contra ellos en el Ministerio Público, principalmente referentes a malos manejos suyos al frente de la Municipalidad esteña y la Gobernación de Alto Paraná. Estas causas, entonces “dormidas”, se desempolvaron en noviembre.