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En la semana pasada, la página web de la Corte Suprema de Justicia difundió la participación de ministros en distintos eventos tanto en el país como en el exterior, referentes al uso de las herramientas tecnológicas para mejorar la Justicia.
Sin embargo, lo que todavía le hace falta a la Justicia es encontrar la manera de evitar que sigan existiendo ciudadanos de primera y de segunda ante la ley.
El caso del senador Víctor Bogado, cuyo proceso está paralizado hace más de dos años, es un ejemplo.
En el expediente del proceso formado a partir del escandaloso caso que quedó popularmente conocido como “la niñera de oro”, debido a los salarios que la niñera de sus hijos Gabriela Quintana percibía en Diputados e Itaipú, Bogado ha sido acusado por estafa en carácter de autor y cómplice del delito de cobro indebido de honorarios.
La acusación fue presentada el 4 de junio del 2014 y en ella la Fiscalía pidió juicio oral y público para el parlamentario colorado y también para exsecretario de gabinete Miguel Ángel Pérez y Gabriela Quintana, la niñera propiamente dicha.
Tras algunas audiencias frustradas, el 17 de diciembre del juez Julián López elevó la causa a juicio oral y público. Pese a que el auto de elevación a juicio oral es irrecurrible, en abril del 2015, la Cámara de Apelaciones anuló la resolución y ordenó la realización de una nueva audiencia. Los camaristas Emiliano Rolón Fernández, Mirtha González de Caballero y Carlos Ortiz Barrios argumentaron que el juez resolvió cinco días después de concluida la audiencia y que debió hacerlo en forma inmediata.
Desde entonces la preliminar sigue pendiente de realización, debido a las chicanas promovidas por la defensa, sumadas a la excesiva demora de las autoridades en resolverlas. Precisamente la Sala Constitucional debe definir quién es el juez que realizará la audiencia, cuestión elevada a la CSJ en setiembre del año pasado.
COBRÓ SUELDOS DE ITAIPÚ Y DE DIPUTADOS
Según la fiscalía, Gabriela Quintana percibía primero un salario de G. 1.300.000 en Diputados, desde el 2 de julio hasta el 30 de setiembre de 2008, como “asistente” del propio Víctor Bogado, para luego ser nombrada con un sueldo de G. 13.237.400. Paralelamente, en febrero de 2013, Miguel Ángel Pérez Núñez (secretario de Bogado) pidió su contratación en Itaipú y la mujer fue aceptada y pasa a recibir una paga mensual indebida de G. 8.739.300, con lo cual se consuma el doble cobro.