Luego de casi tres años de silencio, por primera vez se vuelve a retomar el análisis sobre a dónde van a parar los fondos que el Estado destina a unos 16 partidos políticos, en concepto de aporte estatal y subsidio electoral y que conforman la nada despreciable suma de G. 188.758.301.965.
Esto, sin contar con los fondos que el Tribunal Superior de Justicia Electoral destina al pago de “inscriptores”, que según admitieron tanto las autoridades administrativas del tribunal como varios legisladores, no van a otras manos sino a la de los operadores de los partidos políticos.
Entonces, ¿en qué gastan los fondos los partidos políticos?
Tanto la Asociación Nacional Republicana como el Partido Liberal Radical Auténtico tienen establecido en sus estatutos en qué se debe destinar el dinero público. Sin embargo, además de rendir cuentas internas, ninguno contempla en su reglamentación la obligación de informar a los órganos de control –sea la Contraloría, la oficina de ejecución presupuestaria del Congreso u otro fiscalizador– respecto a la forma en que se utilizan estos fondos que provienen de los impuestos que pagan todos los ciudadanos, sean o no afiliados a las colectividades políticas.
Antes de la asunción del gobierno de Fernando Lugo, existía incluso un “grupo impulsor de la regulación del financiamiento político en el Paraguay”, el cual estaba integrado por varios líderes que hoy, sin embargo, forman parte del Gobierno, como es el caso de Gerardo Rolón Pose, ministro de Senavitat.
Según la página web del grupo, la última actividad sobre el tema data del año 2009.
El precandidato colorado Enrique Riera recordó también que llegó a presentarse al Parlamento un proyecto de ley que establece la regulación para el financiamiento político, en el año 2008. En este documento se establecía, entre otras obligaciones, la potestad de la Contraloría para auditar los fondos y la viabilización de los mismos a campañas de educación cívica y promoción de organizaciones de mujeres y de juventud. Este proyecto, del que se hicieron cargo los diputados Desirée Masi (PDP), Aída Robles (PPC), Sebastián Acha (PQ) y Salyn Buzarquis (PLRA), fue aprobado por la Cámara Baja, pero duerme el sueño de los justos en el Senado.
Contraloría está habilitada
Según el art. 9 inciso E de la Ley 276/94 orgánica de la Contraloría General de la República, esta institución puede realizar el requerimiento de informes sobre la gestión fiscal y patrimonial a toda persona o entidad pública, mixta o privada que administre fondos, servicios públicos o bienes del Estado, las que deben poner a su disposición la documentación y comprobantes requeridos en un plazo de 5 a 20 días. Sin embargo, la institución a cargo de Unace no toma cartas en el asunto.