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CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). La Contraloría General de la República dispuso mediante la Resolución N° 722 una auditoría financiera combinada a la Municipalidad de Ciudad del Este. El primer equipo de auditores llegó ayer a la Comuna.
El director de Control Gubernamental, Humberto Franco, manifestó que fueron recibidos por el jefe de gabinete, Óscar Ocampos y el secretario general Carlos Ávalos. Ambos dijeron que no contaban con autorización de la intendenta Sandra McLeod de Zacarías Irún (ANR, cartista) para facilitar documentos ni dar entrevistas. Recién mañana, la Comuna designaría un funcionario como nexo para el trabajo con los auditores.
“Nos dijeron que la intendenta viajó a Asunción con todos sus directores, para presentar su descargo ante la Comisión Especial de Diputados por el tema de la intervención y que no estaban autorizados para dar información”, comentó Franco.
Hasta ayer, en horas de la tarde, los auditores aún no lograban acceder a información sobre el funcionamiento de la Municipalidad. Los auditores pretenden acceder a los pocos documentos que quedaron en la Comuna, ya que gran parte de lo correspondiente al ejercicio 2018 fue incautado por la Fiscalía.
Hoy, en Diputados
La intendenta McLeod (cartista) se presenta esta mañana, a las 9:00, ante la comisión especial de la Cámara Baja que analiza el pedido de intervención municipal. Intentará refutar las graves acusaciones de malversación y falta de transparencia en su gestión.
La semana pasada, un grupo de siete concejales de Ciudad del Este de diferentes agrupaciones políticas detallaron 15 razones para intervenir la administración municipal de la capital del Alto Paraná. Esta mañana le corresponde a la intendenta esteña intentar refutar cada una de las causales de las que se le acusan.
El tratamiento ya fue fijado para el martes 27 de noviembre, fecha en que la Cámara de Diputados necesitará 41 votos de un total de 80 para resolver la intervención, que estará a cargo del Ejecutivo por un plazo máximo de 90 días.
Los concejales ratificaron que hubo malversaciones de fondos, falta de transparencia en la gestión, pagos millonarios en servicios de publicidad sin conocer la contraprestación, entre otros.