El 14 de marzo pasado, la fiscala Nadine Portillo se constituyó en la Municipalidad de Asunción, acompañada de técnicos del Ministerio Público, para realizar una copia del disco duro de la computadora que usaba García, cuando era director jurídico de la Comuna.
La diligencia se hizo en la investigación abierta para determinar la responsabilidad de García en una presunta lesión al patrimonio de Asunción, debido a una conducta omisiva del mismo.
El entonces director jurídico era el responsable de presentar ante el Poder Judicial, la apelación del fallo de un tribunal arbitral que condenó a la Comuna a pagar unos US$ 3,6 millones a la empresa Ivesur.
Sin embargo, la apelación nunca se presentó según confirmaron dos resoluciones judiciales. Los Tribunales de Apelación del fuero Civil, de la Primera y Quinta Salas, respectivamente, ratificaron que la Comuna no radicó ningún escrito contra la sentencia condenatoria.
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Como parte de las tareas de investigación, la fiscala Portillo se había constituido en la Comuna con el objetivo de determinar cuándo se preparó el escrito de apelación. Para ello, realizó una copia del disco duro de la computadora que usaba García y la remitió al Laboratorio Forense de la Fiscalía.
A tres meses de la constitución de Portillo en el local de la Municipalidad, hasta el momento no se tiene aún la conclusión pericial, que puede ser determinante.
Es llamativo que la pericia se dilate y este procedimiento se aplica en el Ministerio Público cuando se quiere “enfriar” algún proceso.
Es inadmisible que la Fiscalía alegue la falta de peritos para realizar el trabajo, porque con ello no hace otra cosa sino desacreditar al Laboratorio Forense, que se tiene que usar para esclarecer los hechos y no blanquear a los “peces gordos”.
Se espera que el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, adopte las medidas necesarias para que la fiscala Portillo tenga el resultado de la pericia. De lo contrario, se fortalecerán las sospechas de que el Ministerio Público se presta a la maniobra y presión de los políticos, que siempre están detrás de este tipo de casos.
De acuerdo a fuentes, el presidente del Jurado de Enjuiciamiento, el senador colorado Óscar González Daher, y el miembro senador por Avanza País Adolfo Ferreiro, estarían teniendo una fuerte injerencia en el caso.
García forma parte del equipo político de Adolfo y su hermano Mario Ferreiro, este último intendente de Asunción, que nunca abrió un sumario para determinar la responsabilidad de García y de otros funcionarios en el caso.
Mario se limitó a hacer una denuncia penal, en donde se apunta a un ordenanza de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad.
Intento de soborno
La jefa de Mesa de Entrada de los Tribunales de Apelación y de Cuentas de la Capital, abogada Marta Machuca, había confirmado que intentaron sobornar a funcionarios a su cargo con el pago de G. 20 millones para antedatar la apelación de la Municipalidad de Asunción.
Este es otra prueba de que el escrito no se presentó y así se allanó el camino para que Ivesur pueda cobrar los US$ 3,6 millones, que se pagarán con el dinero de los contribuyentes.