Ávalos Mariño afirmó que en todos los casos de pedidos de desafuero siempre ha dado su voto a favor. “Sea quien sea el legislador, debemos ponernos a disposición de la justicia para que se nos investigue. En estos ocho años de vida parlamentaria en todos los casos he acompañado el pedido de desafuero”, expresó.
El jueves último el juez penal de garantías Paublino Escobar solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del diputado liberal Eusebio Alvarenga, para su procesamiento por exposición al peligro en el tránsito terrestre, omisión de auxilio y delito de obstrucción al resarcimiento por daños en accidentes de tránsito.
Ávalos Mariño declaró que desconoce si se tratará el tema en la última sesión ordinaria, ya que el pedido no cuenta con dictamen de comisión. Asimismo, recordó que existen varios pedidos de desafuero pendientes que la Cámara de Diputados no ha resuelto. Se tratan de los casos de los diputados Víctor Ríos (PLRA) y los imputados Aldo Vera (Avanza País), Fernando Nicora (PLRA) y Óscar Núñez (ANR).
Alvarenga fue imputado por el fiscal Aldo Cantero por el accidente que ocurrió a las 3:00 del 8 de diciembre pasado. La camioneta Land Cruiser Prado guiada por Alvarenga chocó contra otra camioneta que esperaba el cambio de luces del semáforo ubicado sobre la avenida Perón casi Félix Bogado, conducida por la funcionaria judicial Lourdes Ayala. Alvarenga huyó y volvió a chocar, esta vez contra unos árboles, en Félix Bogado y 8ª.
Según Ávalos Mariño ni siquiera evaluaron la situación de Alvarenga como representante ante el Consejo de la Magistratura, debido a que acapara la atención la posibilidad de que se presente o no un proyecto de enmienda constitucional que incluya en la Carta Magna la figura de la reelección presidencial.
Indicó que le parece muy difícil (que se revoque la representación de Alvarenga) conociendo cómo piensan sus colegas, atendiendo que están a puertas del receso parlamentario. “No creo que se lleve a las apuradas”, declaró. Afirmó que por más que haya llegado a un acuerdo económico con la víctima mediante el pago de G. 75 millones, no le exonera de todas las responsabilidades, enfatizó.