La acción judicial fue planteada por Clara Haydée Silveira Arza y su hermana menor Gloria contra el Tribunal Superior de Justicia Electoral. La abogada patrocinante, Sara Centurión Radice, es pariente de Manuel Radice, esposo de Clara, que también es investigado por manejos irregulares en la Justicia Electoral.
Las hermanas Silveira fueron desvinculadas el 30 de octubre del año pasado de la Justicia Electoral acusadas de planilleras. La resolución de destitución fue firmada por el titular de la Justicia Electoral, Jaime Bestard, y María Elena Wapenka, quienes alegaron que ambas funcionarias debían ser removidas del cargo por incumplimiento. El ministro Alberto Ramírez Zambonini, quien admitió ser amigo de Radice y contrató a ambas, votó en disidencia.
Las hermanas y su madre Ana Catalina Arza de Silveira, que también fue contratada por el TSJE en abril de 2013, están procesadas por cobro indebido de honorarios tipificado en el Art. 313 del Código Penal con una expectativa de pena de hasta dos años o multa.
En el caso de la esposa de Radice, que percibía alrededor de 10 millones de guaraníes mensuales en el TSJE, se detectó que en pleno horario laboral se encontraba en el Club Centenario o en el exterior del país.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El Ministerio Público descubrió también que Gloria María fue nombrada el 20 de octubre del 2014 como técnico (I) en la Sección de Almacenes cuando aún cursaba el colegio.
Según las investigaciones fiscales, las planillas de asistencias que firmaban las hermanas Silveira Arza y la madre eran presentadas por Manuel Radice en un sobre cerrado que era llevado por su secretaria, Rosana Alfonso, a la Dirección de RR.HH. Radice está imputado por uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso cuya expectativa de pena es de hasta un año de cárcel o multa.
No pueden salir del país
El juez penal de Garantías Hugo Sosa Pasmor procesó a hermanas Silveira Arza, la madre de estas y a Manuel Radice y les prohibió salir del país. Además estableció una fianza personal de sus abogados por G. 200 millones por cada uno.
