Las leyes de información mejoran la calidad de vida

–¿Hay conciencia sobre la importancia del derecho a la información?

–El acceso a la información pública es un derecho humano, pero en términos concretos necesita y requiere de un cambio cultural en la administración del Estado. Históricamente siempre las entidades públicas han concebido la información como un patrimonio estatal y por lo tanto la tendencia siempre fue ver la información como algo reservado, secreto y donde lograr esta información era una concesión de la autoridad pública. A partir del año 2006, con el caso Claude Reyes, en las Américas se reescribe esa historia, muchos países empiezan a aprobar leyes de información. En Paraguay se aprueba en el año 2014, constituyéndose en la Ley N° 100 del mundo, y con eso ya se requiere un cambio cultural en que los funcionarios públicos deben entender que ellos solamente están en custodio de esa información que por definición, por principio, se presume pública.

–Pero hay excepciones...

–Desde luego que hay causales de excepción, pero deben ser aplicadas de manera restrictiva. Ese cambio cultural es un proceso, no ocurre de un día para otro. Lo que sí es cierto es que en América estamos en un camino de ida, pero sin regreso, donde la mayor parte de los países ya cuentan con normas de acceso a la información. La última norma aprobada fue hace unos días, el 14 de septiembre, en Argentina, lo que constituye un gran éxito para la región, donde hoy podemos hablar de que Argentina tiene una ley de acceso a la información, que obliga a todos los órganos del Estado. Estamos muy contentos de que Argentina se incorpore al club de los países que ya cuentan con armas de este tipo.

–¿Cuáles son los países que faltan en América?

–Venezuela, Bolivia y Costa Rica. Esos son los pendientes. Lo que sí hay que mencionar es que en el caso de Venezuela ellos ya están discutiendo un proyecto de ley de acceso a la información pública que está bastante avanzado. Como alianza regional vamos a estar la semana próxima en Caracas, justamente hablando de acceso a la información en la Asamblea Nacional, el mismo día 28 de septiembre, y para nosotros constituiría un gran éxito que también en Venezuela, antes de fin de año, se pudiera aprobar una norma de este tipo.

–La transparencia no siempre redunda en un castigo o corrección en Paraguay...

–Hay que entender que las leyes de información pública no se pueden hacer cargo por sí solas de todas las deficiencias estructurales del Estado. Son el corazón de un bloque de transparencia que tiene que ir acompañado por otro tipo de normas también, y en ese sentido necesariamente no todos los temas van a ser resueltos por las leyes de información. No obstante, es importante mencionar que desde el punto de vista de mejora de la calidad de vida, estas leyes han generado impacto importante en los ciudadanos.

–¿Cuál fue su efecto?

–Los países que cuentan con leyes tienen una relación distinta, desde el punto de vista del debate público y del diálogo, con las autoridades. Nos ha llamado la atención que acá en Paraguay se ha generado un efecto importante muy destacable y que incluso ha sido reconocido en su impacto positivo, por ejemplo en términos económicos, en términos del ahorro que ha generado al Estado, puesto que con mayor transparencia también se generó un desincentivo a aumentar el gasto público en salarios. Entonces, desde ese punto de vista han existido avances.

–¿Qué desafíos quedan?

–Un desafío clave y es claro tiene que ver con la interpretación que se va a dar a las normas de secreto. Hemos tenido noticias de respuestas a solicitudes de información de las Fuerzas Militares donde ellos han señalado que toda la información contenida en circulares o decisiones administrativas de estas entidades armadas son secretos. Creemos que eso representa una visión demasiado extensiva de lo que debe entenderse por seguridad nacional que no está conforme con los estándares internacionales. Hay unos principios que se llaman “de Tshwane” que hablan de este balance entre el acceso a la información pública y seguridad nacional que deberían ser considerados porque no puede haber interpretaciones extensivas de las normas de secreto. Ahí hay todavía un gran desafío por cumplir. Poniendo un ejemplo en la mesa, menciono el caso de Inglaterra, donde los temas de seguridad tuvieron un gran debate en los años 90 y concluyó en que si bien hay ciertos temas que pueden ser reservados, nunca se puede reservar información sobre si la información existe o no existe, quiénes detentan esa información y para qué la usan a lo menos. Hay un debate profundo que se debe hacer sobre el alcance que se va a dar a la seguridad nacional como excepción en el caso del Paraguay

–¿Qué pasa cuando se evidencia que un gobierno da información falsa a la sociedad?

–Deben existir un juicio político y una sanción ciudadana cuando suceden esas cosas. Ahora, para saber y confirmar que se mintió ha sido muy importante, a nivel internacional, el uso del acceso a la información pública porque justamente accediendo a informes, datos, se pudo comprobar que una información era efectiva.

–¿En qué casos es más importante el acceso a la información?

–Las leyes de acceso a la información son una herramienta clave para ejercer el control social, para monitorear si las autoridades realmente están diciendo la verdad. No solo en temas de sensibilidad política sino también en temas que tengan que ver con la calidad de vida. Por ejemplo, si nos están diciendo la verdad en temas de los niveles de contaminación que existen en nuestras ciudades. Para que nos digan la verdad respecto de los niveles de stock de medicamentos que hay en los distintos sistemas de distribución pública de los seguros sociales. O que nos digan la verdad respecto a la calidad de los establecimientos educativos, de la calidad de los profesores y de la seguridad que estos establecimientos tienen desde el punto de vista de sus norma de construcción o normas antiincendio.

–¿Y el papel de los medios de comunicación masiva?

–Los medios de comunicación son un actor clave. La historia de los accesos a la información pública en América van de la mano del compromiso de los medios de comunicación y también de los comunicadores y periodistas e infociudadanos, ya que es un derecho que no es solo para los medios. Pero, por su alcance, sin duda alguna los medios de comunicación son esenciales para que estas normas realmente tengan un uso y un impacto en las personas.

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