Tres empresas se presentaron a la licitación: Cedicor-Caminos Viales del Uruguay, Vinci-Tocsa y Sacyr-Angusa. Pero las denuncias apuntan solo a las dos últimas firmas. Con relación a Vinci, señalan que el jefe de Gabinete del Ministerio de Obras Públicas Esteban Sarubbi Lutz está supuestamente vinculado a esta empresa, con lo cual se configura una incompatibilidad de su función pública con un oferente y cuestionan la inhabilidad, tráfico de influencias y corrupción.
Mencionan que el estudio jurídico GGBSL (Gómez Grassi, Gómez Buongermini y Sarubbi Lutz), donde es socio el jefe de Gabinete del MOPC, asesora a la firma francesa Vinci, uno de los oferentes del aeropuerto. La Ley APP prohíbe la vinculación de empleados públicos con los oferentes interesados. Como otro hecho irregular señalan que se hicieron modificaciones sustanciales en el pliego para facilitar la participación de Vinci.
También sostienen que la oferta de Sacyr debe ser descalificada por tener un contrato rescindido en España, cuando el pliego establece que no podrán participar oferentes que tengan procesos judiciales o que hayan sido condenados por dicha causa dentro de los cinco llamados anteriores. La denuncia también refiere que la empresa declaró que se les rescindió el contrato del aeropuerto de Murcia y que incluso se les condenó a pagar una multa de 7 millones de euros. A esto agregan que el grupo Sacyr-Angusa, virtual ganador (cuyo representante es el Ing. Daniel Aparicio García) debe ser descalificada porque presentó una póliza de seguros de Royal, empresa del jefe de Gabinete de la presidencia, Juan Carlos López Moreira.
Hablan de contradicciones en el pliego de bases y condiciones ya que por un lado mencionan que la resa (área de seguridad de la cabecera de la pista) será de 90 metros y en otra página señalan que será de 239. La denuncia está firmada por el titular de la Comisión Permanente, Oviedo; su vicepdte. Arnoldo Wiens (ANR-disidente); el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA); el senador Luis A. Wagner (PLRA) y el senador Carlos Amarilla (PLRA).
Los parlamentarios pretenden que el contralor, Enrique García, quien fue puesto en el cargo gracias a los votos del cartismo, intervenga, fiscalice y audite las supuestas irregularidades detectadas en el proceso.