Legisladores iniciaron ola de acciones judiciales para eludir a la Contraloría

ABC Color accedió a una lista de 156 entidades públicas que desde el 2003 al 2018 presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para no rendir cuentas del gasto del dinero del contribuyente a la Contraloría General de la República.

Solo en 2003, siendo contralor Francisco Galiano, se presentaron 54 acciones en contra de la Ley 2248/03 “que modifica el artículo 30 de la Ley 879 Código de Organización Judicial” (ver la infografía). 

Uno de los primeros fue el entonces cuestionado intendente de Ciudad del Este y actual senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista). En el mismo sentido actuó el entonces intendente de Asunción y actual senador Enrique Riera (ANR, cartista), para no rendir a la Contraloría los gastos municipales. Actualmente ambos son colegas y se encuentran en la misma bancada. En la nómina también aparece una acción presentada por el exgobernador de Caaguazú, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, Añetete), siendo jefe departamental.

Actualmente Ovelar es presidente de la Cámara de Senadores y sus detractores siempre le recuerdan su suspensión de dos meses tras haber sido grabado haciendo un “trato apu’a” para comprar cédulas días antes de las elecciones.

El actual diputado Nazario Rojas (ANR, cartista) también presentó una inconstitucionalidad para no rendir cuentas a la Contraloría de su gestión como gobernador interino de Cordillera en el 2003.

Un caso notable se da con el actual diputado de Alto Paraná Ramón Romero Roa (ANR, independiente), quien siendo director administrativo de la Itaipú Binacional presentó una acción de inconstitucionalidad en 2003 para no rendir cuentas. En la lista adjunta, discriminada hasta el 2008 también se observan acciones de numerosas gobernaciones, entidades del Ejecutivo, dependencias de las FF.AA. y la Policía Nacional. 

Con estas inconstitucionalidades enviaban o siguen enviando sus rendiciones de cuenta al Tribunal de Cuenta, dependente de la Corte.