Lentitud de la justicia para designar al juez que debe procesar a Blanco

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La imputación por prevaricato al ministro de la Corte Sindulfo Blanco se presentó el 25 de abril, pero hasta ahora el caso sigue sin juez. La Cámara de Apelaciones ya recibió la impugnación de la inhibición planteada por el juez Hugo Sosa Pasmor. El caso es considerado como “pelota tatá” porque nadie quiere procesar al superior.

El expediente por prevaricato donde está imputado Blanco junto al exministro de Corte Víctor Núñez ya está en la Cámara de Apelaciones, Tercera Sala, integrada con José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete y Cristóbal Sánchez. Tienen que resolver si la causa será llevada por el juez Gustavo Amarilla o por Sosa Pasmor, quien impugnó la inhibición de su colega.

Amarilla alegó para no llevar adelante el proceso a Blanco, que había tenido a su cargo el caso “Peter David Kennedy s/abigeato y apropiación” y que elevó la causa a juicio oral. Agregó que además resolvió incidentes como el de prescripción, que posteriormente fue analizado en la Sala Penal de la Corte, integrada por el ministro imputado.

Para impugnar la inhibición de Amarilla, Sosa Pasmor argumentó que la causa mencionada por su colega, nada tiene que ver con la imputación presentada por la fiscalía por prevaricato.

Sosa Pasmor también cuestionó que Amarilla haya usado como excusa que el fiscal José dos Santos es su amigo y que ambos son socios del Club Centenario. “Debió haber cancelado la intervención de Dos Santos ya que igualmente tienen participación los fiscales René Fernández y Luis Piñánez”, refirió Sosa Pasmor.

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Blanco y Núñez fueron imputados por prevaricato porque admitieron una casación del querellante Franklyn Kennedy, quien interpuso el recurso contra una resolución de la Cámara de Apelaciones, que había declarado la nulidad de la condena de 6 años impuesta a Peter Kennedy en un juicio oral y ordenó el reenvío del expediente para una nueva audiencia pública.

La ministra Alicia Pucheta (disidente), también integrante de la Sala Penal, votó por declarar inadmisible la casación, ya que la misma solo debe prosperar contra resoluciones que ponen fin al proceso, y este no era el caso, argumentó.

El prevaricato se configura cuando un juez perjudica o beneficia a una de las partes, violando la ley. Tiene una pena máxima de hasta 10 años de cárcel.