Hace un mes la Fiscalía de Delitos Económicos ordenó investigar al senador colorado cartista Javier Zacarías Irún, por supuesto enriquecimiento ilícito. La medida también afectó al clan familiar del parlamentario.
Se realizaron una serie de allanamientos en Ciudad del Este y Asunción, hasta que se recusó al fiscal Leonardi Guerrero, quien era el encargado de los procedimientos, y desde entonces el caso quedó parado.
Otro caso congelado es el del senador liberal Dionisio Amarilla, quien fue denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, solo trabajó en el sector público y registra un ingreso familiar de poco más de G. 3.700 millones en los últimos 16 años. Sin embargo, poseería bienes por una suma superior a los G. 9.000 millones. La fiscalía pidió en agosto pasado un informe a la Contraloría General de la República, sobre la correspondencia de bienes del denunciado. Pero hasta el momento no se remitió el informe desde la Dirección de Declaraciones Juradas, que está a cargo de Analy Valiente, quien es nada menos que la esposa del senador. Ante esta situación lo que sobresale es la tibieza del Ministerio Público, que sigue esperando el reporte.
Blindados por sus pares
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El otro lado de la moneda se da con los parlamentarios que ya están imputados, pero sus propios pares los protegen para evitar que se le retiren los fueros.
Es el caso del diputado liberal Carlos Portillo, imputado por supuesto tráfico de influencias y soborno, quien logró que su proceso sea llevado a la circunscripción judicial de Alto Paraná en agosto y desde entonces no se realizó diligencia alguna. El pedido de perdida de investidura de Portillo viene dilatando desde hace meses, ya que en la Cámara de Diputados no definen cuál será el proceso para dar ese paso.
Otro caso similar al de Portillo es el que se da con el diputado colorado cartista Tomás Rivas, quien fue imputado por tener supuestamente tres caseros de “oro”, pero el mismo apeló la medida y actualmente se encuentra en la Corte, pero eso fue utilizado por los diputados para negarse a retirarle los fueros al imputado.
Alegan los diputados que hasta que no se resuelva el incidente, no van a tratar el desafuero de Rivas.
De esta manera, estos casos están parados entre la justicia y el Parlamento.
Diputado fue blanqueado
El 23 de mayo de 2013, el fiscal Martín Cabrera imputó al diputado colorado Carlos Núñez Salinas por producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y contrabando. Le atribuyó el ingreso ilegal de decodificadores. El parlamentario tributó sobre US$ 17.000, pero importó por US$ 1 millón, sin embargo la Corte hace unas semanas lo blanqueó. Ahora el parlamentario busca su sobreseimiento definitivo que es solo un trámite con la gran “mano” que le dio la máxima instancia.