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En noviembre del 2011, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. La propuesta había sido elaborada por el consultor internacional argentino Martín Pirotta.
En la propuesta inicial se ponía énfasis en la creación de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, organismo que en adelante se encargaría de administrar el Registro Nacional de Licencias de Conducir y el de Antecedentes de Tránsito.
Entre las nuevas disposiciones figuraban como requisitos para acceder a una licencia de conducir la realización del test psicofísico y la certificación de no tener pendiente el pago de faltas de tránsito en ningún distrito del país.
El proyecto inicial fue modificado alevosamente en la Cámara de Diputados y se estableció que la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) sea el organismo que administre tanto el Registro Nacional de Licencias de Conducir como el de Antecedentes de Tránsito.
Con esto, no solo se devolvió a la oenegé la posibilidad de seguir lucrando a través de las municipalidades con las licencias de conducir, sino también obtener beneficios de las nuevas exigencias, como la realización del test psicofísico o la expedición de certificado de no tener antecedentes en el tránsito.
Con las modificaciones hechas, los legisladores convirtieron a la Opaci en un ente con superpoderes, y la Agencia Nacional quedó como furgón de cola de la misma, sin mayores prerrogativas.
Más ingresos
La Ley 5016/14 se promulgó en mayo del 2014. En 2015, la Opaci ya previó en su presupuesto, un ingreso de G. 4.500 millones en concepto de arancel por “servicios Ley 5016/14 Nacional”.
En setiembre, durante una reunión, la Junta directiva de la Opaci, presidida por el exintendente de Villa Hayes Ricardo Núñez, aprobó la adjudicación de la realización del test psicofísico (una de las nuevas exigencias para expedir licencia) a la empresa Inventa SA.
La decisión se informó a través de la página web de la institución, pero curiosamente Núñez desmintió haber hecho la adjudicación, e inclusive dijo desconocer el hecho. Posteriormente la información fue levantada de la página web. La firma ni siquiera aparece en los registros del Ministerio de Hacienda.