La jurista Vargas expresó que presentaron dicha nueva denuncia debido a que las autoridades militares dijeron que no se les daba instrucción militar a los menores sino que solamente recibían formación académica. Sin embargo, fotos y vídeos dados a conocer por el mismo presidente Mario Abdo Benítez evidenciaron la utilización de armas por parte de los adolescentes.

La abogada señaló que la propia ley sobre armas prohibe la manipulación de las mismas por parte de menores de edad y dispone sanciones para quienes les provean de estos elementos.

Sobre la validez de una “autorización” de los padres para que los menores hagan el servicio militar, Vargas refirió que luego de que el Estado paraguayo llegara a un acuerdo amistoso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se hicieron dos modificaciones a la ley del SMO y a la que reglamenta el Cimefor que no dan lugar a la posibilidad de hacer excepciones ni por vía judicial y menos aún con autorización de los padres.

Relató que los artículos de estas leyes son muy claros y que responden al ofrecimiento que hizo el Estado paraguayo para llegar al acuerdo amistoso.

La abogada Vargas, junto con su colega Jorge Rolón Luna, patrocinaron el viernes último la denuncia y el pedido de una medida cautelar respecto a los 400 menores de edad que están en instituciones militares, según manifestó el ministro Bernardino Soto Estigarribia ante la Comisión Permanente del Congreso.

La presentación fue hecha ante la jueza del menor Monalisa Muñoz. Una primera denuncia y pedido de medida cautelar fueron rechazados por la jueza de la Niñez María Rosa González Sarubbi.

¿Nueva sanción?

Sobre las consecuencias que acarrearían a nuestro país el no cumplimiento de estos compromisos, la abogada dijo que el caso sería elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y puede terminar en una nueva sanción.

En cuanto a los efectos prácticos, dijo que se refieren especialmente a la imagen internacional del país pero que también puede tener derivaciones económicas ya que naciones que cooperar con el Paraguay a través de distintos programas tienen muy en cuenta este tipo de cuestiones vinculadas al respeto a los Derechos Humanos y a la vigencia de las libertades públicas.

Al ser consultada si consideraba que el hecho de que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, haya enviado a hacer el servicio militar a su hijo de 17 años influyó en la decisión de la jueza González Sarubbi, que rechazó la primera presentación realizada, Vargas dijo que en cierta forma muestra nuevamente la falta de independencia del Poder Judicial.

Dijo que creía que el fuero de la Niñez estaría “blindado” de influencias de esta clase, pero que se encontraron con esta respuesta que consideraron “descabellada”. Indicó que la resolución de la jueza alude al Protocolo Facultativo firmado por el país, escritos en términos generales y deja de lado el texto de las leyes que son muy claras sobre la prohibición de que los menores reciban instrucción militar. Advirtió que es un precedente nefasto contra la protección a la niñez y adolescencia.