Báez Alfonzo está procesado por expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso (autor) y cobro indebido de honorarios (cómplice), y según la imputación de las fiscalas Sussi Riquelme y Claudia Morys, se encargaba de certificar la asistencia de planilleros del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
La imputación refiere que Báez Alfonzo, como jefe de gabinete de Ramírez Zambonini, hizo certificar la asistencia a través del superintendente Modesto Núñez (también procesado), a favor de Luis María López Benítez (hermano de Mario Abdo Benítez), de Clara Haydée Silveira Arza, Gloria María Paz Silveira Arza, Ana Catalina Arza (estas últimas esposa, cuñada y suegra del abogado Manuel Radice), de María Isabel Quintana y de la escribana Zully Jacqueline Ferreira Cañete, a pesar que todas estas personas no habrían concurrido a su lugar de trabajo.
El juez penal de garantías de feria Hugo Antonio Sosa Pasmor para conceder las medidas alternativas a la prisión a Báez Alfonzo, impuso fianza personal de G. 200 millones a los abogados Nelson Antonio López Ruiz y Édgar López Ruiz.
Báez Alfonzo tiene igualmente prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio. En el plazo de 20 días, la fianza personal de G. 200 millones deberá cambiar por caución real (inmueble).
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En el caso de María Isabel Quintana, deberá comparecer el 25 de enero a las 8:30 ante el juez Sosa Pasmor a su audiencia de imposición de medidas. Quintana es la última de los 11 procesados y será beneficiada igualmente con medidas alternativas a la prisión.