Para los amigos
José Enrique García hasta el 2008 –poco antes de que Fernando Lugo asuma la Presidencia de la República de la mano de la Alianza Patriótica para el Cambio– formaba parte de un bufete de abogados junto con Álvaro Arias y José Casañas Levi. Con el nuevo gobierno de entonces, el abogado fue elegido para el cargo de procurador general de la República.
Poco después de acceder a aquel puesto, en setiembre de 2008, y en una de sus primeras intervenciones “en defensa” de la cosa pública, García recomendó a Cañas Paraguayas SA (Capasa) contratar a sus antiguos socios en el bufete ACG & Asociados, los abogados Arias y Casañas Levi para litigar en casos judiciales que involucran a la empresa estatal.
De acuerdo con el acta de reunión de directorio de Capasa, de setiembre de 2008, en el segundo punto del orden del día el presidente del ente relataba que “el directorio ha conversado con el procurador general de la República, Dr. José Enrique García, quien, entre otras cosas, le recomendó contar con los servicios profesionales de los abogados Álvaro Arias y José Casañas Levi, este último “exfiscal muy conocido”.
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El diputado colorado Óscar Tuma –el mismo que en setiembre último le dio su voto para que sea elegido contralor– decía que era inadmisible que el encargado de defender los intereses del Estado regale plata a sus socios. “Hay recibos que demuestran que (los abogados recomendados) primeramente ya cobraron G. 55 millones y posteriormente G. 92 millones”, decía.
Juez y parte, con Camilo Soares
En febrero del 2010, el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio decide allanar la oficina de la Secretaría de Emergencia Nacional ante graves hechos de corrupción, en ese entonces a cargo del líder del P-más, Camilo Soares. Estando el fiscal en las oficinas de la institución, un presuroso José Enrique García llega hasta el lugar para seguir de cerca lo que estaba sucediendo. Al ser consultado sobre su extraña presencia, el procurador dijo que estuvo en el lugar para representar al Estado; sin embargo, esa fue la única vez que se lo vio en una intervención de esas características.
Su actitud quedó aún más en evidencia cuando Camilo Soares presentó a sus defensores en el caso, coincidentemente se trataba de los antiguos socios de García, los juristas José Casañas Levi y Álvaro Arias.
A esto se suma otra perla más. En abril, del mismo año citado, cuando Soares era sometido por la Cámara de Diputados a una interpelación por los graves hechos de corrupción, una vez más García apareció en el legislativo para apoyar a su amigo, quien paradójicamente estaba siendo cuestionado por mal uso del dinero público por cuyo buen fin debía velar el procurador.
Soares está procesado por un perjuicio de G. 1.225 millones a la SEN. Con chicanas hasta ahora logró evitar ir al banquillo de los acusados.
Compra sobrefacturada de tierra
En el 2011, siendo procurador general de la República, José Enrique García en una sospechosa actitud aprobó la compra de 10.312 hectáreas de tierra en el Chaco, para la comunidad indígena Yakye Axa. Según los antecedentes, el 16 de setiembre de dicho año García envió una nota a la firma El Algarrobal, propietaria del inmueble en cuestión, en la que solicitaba la remisión de una oferta por su propiedad ubicada en Puerto Casado, Chaco. El administrador de la mencionada empresa era en ese entonces Roberto Pires, primo del senador por Unace Jorge Oviedo Matto.
El 26 de octubre de 2011, la firma respondió que tenía una parcela de 10.312 hectáreas y que el precio era de US$ 900 por hectárea (G. 4.067.000 al cambio de la época). En noviembre, los tasadores del Ministerio de Obras Públicas, los ingenieros Federico Santacruz, Juan Carlos Martínez y Gustavo Ruiz Wiezell, recomendaron que el INDI pague por la finca G. 2.190.000 la hectárea, que totalizaba G. 22.584.594.000. El Algarrobal rechazó la oferta.
El 28 de noviembre, según un acta, en una reunión realizada en la Procuraduría General de la República, entre los entonces procurador general García y titular del INDI Óscar Ayala, se hizo una nueva oferta; esta vez de G. 2.847.000 la hectárea. En consecuencia, se resolvió incrementar el 30 por ciento sobre la tasación fijada por el MOPC, además de decidir la compra de 12.000 hectáreas y no 10.312, que fue lo que se ofreció inicialmente.
Por Resolución N° 2121 del 22 de diciembre de 2011, el presidente del INDI de ese momento Óscar Ayala, autorizó la compra del lote en G. 35.053.972.200, nada menos que G. 12.469.378.200 más de lo que dijeron los peritos que realizaron un estudio del precio por hectárea.
La Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Aldo Cantero sigue investigando esta causa en la que García habría incurrido en delito de lesión de confianza.
Demanda contra Petropar
En el 2010, durante el gobierno de Fernando Lugo, la empresa de capital argentino Texos Oil demanda a la estatal paraguaya Petropar por la anulación de una adjudicación para la provisión de gasoil. Texos reclamaba en principio una indemnización de US$ 9,5 millones. Petropar alegaba que la firma no tenía suficiente respaldo. En defensa de los intereses de Paraguay entró en acción el procurador José Enrique García. Este llevó el caso hasta junio del 2011, cuando Lugo es defenestrado del poder y consecuentemente, García también pierde el cargo.
Curiosamente, poco después, el que hasta hace unos meses se encargaba de defender al país se convirtió en el abogado de la empresa demandante. En dicho carácter, García llegó a pedir el embargo de los bienes de Petropar en Puerto Zárate, solicitud que fue rechazada por la Justicia argentina.
Según documentos que salieron a luz en abril de este año, en la sonada filtración de documentos conocida internacionalmente como “Panamá Papers” saltó que los socios de Texos estaban buscando abrir una off shore en un paraíso fiscal para depositar el dinero obtenido de la demanda, que a estas alturas ascendería a unos 30 millones de dólares.
Ivesur, su última “hazaña”
En diciembre del 2015, Mario Ferreiro asume la Intendencia de Asunción de la mano de una concertación política denominada Juntos Podemos, de la que forma parte el P-más de Camilo Soares, amigo de Enrique García.
El nuevo jefe comunal lleva como director de asuntos jurídicos al cuestionado abogado García, de quien se decía se desempeñaba como asesor de la firma verificadora de vehículos Ivesur, aunque esta versión nunca pudo ser confirmada. Esta empresa mantenía un pleito con la Comuna capitalina por un caso de supuesta violación de acuerdo y reclamaba una indemnización de 9 millones de dólares. El proceso se seguía en un tribunal arbitral extrajudicial.
Apenas llega García a la Municipalidad, el 29 de enero de 2016, la empresa Ivesur sorpresivamente decide elevar a US$ 12 millones su exigencia. El abogado de la firma Juan Ernesto Villamayor habla de un “trabajo conjunto” entre la demandante y la Municipalidad y solicita la fijación de una audiencia para presentar alegatos en forma oral y de manera reservada entre los abogados y el Tribunal en fecha 4 de febrero de 2016.
Para ese entonces ya se tenían versiones de que el nuevo director jurídico se habría reunido con los abogados de la demanda para finiquitar el caso.
Cuando el Tribunal Arbitral notifica a la Municipalidad, el funcionario que recibe el documento en mesa de entrada de la Dirección Jurídica entrega el escrito al abogado Julio Samaniego, quien desde hacía al menos cinco años estaba llevando el litigio.
Samaniego prepara una furibunda defensa calificando de extorsivas las pretenciones de Ivesur, y presenta su alegato en la mañana del 6 de febrero. Esa misma tarde, el intendente Mario Ferreiro, sin explicación convincente decide destituirlo y deja el caso a cargo de José Enrique García. El jefe comunal, al ser criticado su accionar asegura que la Municipalidad no va a perder el caso. Sin embargo, en agosto, el Tribunal Arbitral condena a la Comuna a pagar 3,6 millones de dólares a Ivesur.
Una vez más, la Municipalidad anuncia que dará batalla en la justicia ordinaria. García presentaría una solicitud de nulidad del fallo, pero no lo hizo. Cuando trascendió el caso intentó convencer de que realizó la presentación. Dijo que encargó a un ordenanza de nombre Rodolfo Duarte entregar el escrito.
García no solo no hizo la presentación, sino se allanó a un pedido de aumento de cobro de honorarios que realizó Villamayor ante la justicia ordinaria. En noviembre García fue elegido contralor general de la República y dejó el cargo.
La fiscalía actualmente investiga el caso y toda la responsabilidad apunta al exdirector jurídico García. Habría cometido delito de lesión de confianza.