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Los diputados a un año y dos meses de que concluya el periodo legislativo pretenden dejar un legado a los gobernadores y concejales departamentales que ocuparán el cargo en el próximo periodo de gobierno.
Los parlamentarios quieren “premiar” a los gobernadores y miembros a juntas departamentales no precisamente por su buena gestión, sino para favorecer a sus candidatos con una jubilación privilegiada.
Entre los exgobernadores cuestionados que avalaron la polémica norma se encuentra el diputado cartista Óscar Venancio Núñez (imputado), quien por séptima vez suspendió la audiencia preliminar en la que se debía definir si iba a juicio oral y público.
Núñez fue imputado y sigue sin ser desaforado por la Cámara de Diputados por un supuesto perjuicio de G. 30.000 millones en la Gobernación de Presidente Hayes. Otro caso guarda relación con un supuesto daño de G. 905.731.800, a esto se suma un proceso por irregularidades cometidas en el programa “Una computadora por niño” por G. 1.050 millones.
También habría ocasionado un perjuicio al Estado valuado en G. 31.955 millones siendo gobernador de Presidente Hayes.
El diputado Jorge Baruja (ANR-cartismo) fue gobernador de Paraguarí. La Contraloría halló un supuesto faltante de G. 99.000.000 durante su administración. También fue denunciado por supuesta sobrefacturación en obras viales y nepotismo en la función pública.
Con su voto en positivo Baruja hace el favor a su hermano, Juan Carlos Baruja, actual ministro de Agricultura, quien aspira a llegar a la gobernación del departamento que su hermano habría dilapidado.
La diputada Cristina Villalba (ANR-cartismo), catalogada como “la madrina” de Wilmar “Neneco” Acosta, autor moral de la muerte del periodista Pablo Medina y Antonia Almada, también fue gobernadora de Canindeyú. A pesar de que lo niegue, se le atribuyen vínculos con el narcotráfico.
El promotor de la ley
El diputado Mario Cáceres (ANR, afarista) fue el principal promotor del proyecto y pretende llegar a la Gobernación de Itapúa en el 2018, al igual que otros cuatro colegas suyos (ver infografía).
Para que el afiliado alcance el beneficio de la jubilación reducida debe alcanzar la edad requerida de 55 años. La norma pasa ahora a consideración de la Cámara de Senadores.