Los delitos de corrupción deben ser imprescriptibles

–Dicen que Perú tiene muy buena experiencia en la persecución de los corruptos... 

–Sí, y de eso vine a hablar en Paraguay. Me invitaron a un panel sobre el acceso a la información pública. Yo hablé sobre la lucha contra la corrupción y el debido uso que le damos a la información que está en internet al servicio del ciudadano. Fui procurador de Perú. Hoy integro una misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de la OEA en Honduras. Acompañamos al Ministerio Público en las investigaciones. Capacitamos a los funcionarios en el sistema de combate a la corrupción.

–¿En qué gobierno actuó? 

–Yo he sido procurador anticorrupción en Perú por casi tres años, desde el 2011 hasta el 2014, en el Gobierno de Ollanta Humala...

–Gobierno controvertido... 

–Sí, Humala fue preso acusado de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Su esposa Nadine Heredia también. Ambos son investigados por la presunta recepción de 3 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2011 y de dinero ilícito procedente de Venezuela para la campaña de 2006. 

–También lo buscan a (Alejandro) Toledo...

– Toledo (2001-2006) se encuentra prófugo en Estados Unidos. Está acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht. De hecho, a mí me tocó denunciar al hermano de Ollanta Humala y a su exvicepresidente (Omar Chehade).

–¿Quién lo nombró a usted? 

–Humala.

–¿Y lo denunció al hermano? 

–Sí.

–¿Qué era? 

–Ni siquiera era funcionario. Precisamente por eso lo denunciamos, por delitos relacionados con el ejercicio ilegal y la ostentación de cargos públicos. Denunciamos que estaba haciendo negocios con el Estado cuando estaba prohibido hacerlos.

–¿Y al Vicepresidente? 

–Por tráfico de influencias, por otras materias. Conseguimos por ejemplo que el hermano del Vicepresidente. Miguel Chehade, fuera a prisión.

–Una labor muy comprometida.

–Por eso no me quieren muchos en Perú, otros me quieren (ironiza).

–Fue el bumerán de Humala.

–Yo tuve una experiencia antes en la Procuraduría, de 2000 a 2005, cuando salí de la Universidad en coincidencia con la caída de (Alberto) Fujimori. El procurador de entonces que se encargó de atender la explosión de corrupción que se desparramó en ese Gobierno fue José Ugaz, actual presidente de Transparencia Internacional. Conseguimos cerca de 150 condenas de altos funcionarios. Fujimori y Montesinos están presos. Hay congresistas, ministros, generales de las tres fuerzas, empresarios, todos presos y con condenas efectivas por delitos de corrupción.

–¿De cuánto dinero robado al Estado estamos hablando? 

–Es un monto superior a los 6.000 millones de dólares. Conseguimos la recuperación de cerca de 300 millones de dólares de esos seis mil. Regresé 10 años después a la Procuraduría como el jefe, con Ollanta Humala.

–A Ollanta le salió el tiro por la culata...

–Estaban equivocados los que me nombraron y pensaron que yo no haría mi trabajo...

–Lo deben odiar...

–Para este tipo de encargos, uno tiene que estar suficientemente lejos del poder y lo suficientemente cerca de un objetivo ético. Muchos corruptos en Perú se sintieron aludidos permanentemente con nuestra gestión. Hubo mucha persecución por parte de esos sujetos: denuncias, amenazas de todo tipo... Felizmente, a mí me respaldó la prensa, sobre todo la prensa de investigación, la prensa independiente. Cuando el Gobierno se dio cuenta de que no podía dominar los designios de la Procuraduría empezó a cortarnos fondos...

–¿Es cierto que hasta la “Laura de América” estaba metida? 

–Laura Bozzo, que así se llama, era un personaje marginal dentro de la organización Fujimori-Montesinos pero era un personaje de la organización. Yo estoy seguro de que ella era una pieza funcional para aquella organización criminal.

–¿Qué hacía? 

–Ella distraía desde su programa mientras la organización, sus miembros orgánicos digamos, robaban al Estado. La señora tenía un programa bastante vergonzoso. Se lleva gente pobre para ponerlos frente a las cámaras a pelearse, a perder su dignidad y así embrutecer a la gente que en realidad debería estar vigilando a sus gobernantes...

–Pero alcanzó mucho rating...

–Sí, pero además la señora Bozzo fue condenada por delitos de corrupción, por el delito de peculado. Ella tenía un proceso penal que afrontaba por otra razón previa a todas esas imputaciones. Para no ir a prisión tuvo que pagar una caución, una especie de fianza. Esa fianza se la pagó Montesinos con dinero público. Eso fue probado en juicio y por eso condenada por el delito de corrupción. La señora se benefició directa y objetivamente del dinero público.

–¿Cuántos casos abrieron? 

–Como unos 20.000. Hicimos una reingeniería administrativa de la institución. Yo tenía solamente 150 personas a mi cargo para 20.000 casos...

–Imposible...

–Aun así logramos aumentar en 400% el pago de las reparaciones civiles de los culpables de delitos de corrupción.

–En Paraguay, los corruptos nunca devuelven lo que robaron...

–Nosotros recurrimos a varias estrategias, una en particular. Los robos son finalmente deudas de esos sujetos con el Estado y por extensión con todos los ciudadanos. Nosotros recurrimos al mismo procedimiento de los acreedores (bancos, financieras) cuando no pagan sus deudores. Fuimos al juez a pedir que embargue sus bienes. Y así nos fuimos y nos metimos a las casas de estos corruptos, a sacarle sus bienes, a llevarlos a remate para pagar parte de la reparación civil. Con esos remates no alcanzamos las deudas millonarias que tenían pero lo que conseguimos es que al día siguiente del primer embargo, ya teníamos de 25 a 30 personas haciendo cola para pagarle al Estado.

–¿Cómo se conserva el mismo modus operandi de la corrupción si los gobiernos cambian?

–Es sencillo. El que viene, encuentra una serie de mecanismos que le son absolutamente funcionales para robar dinero del Estado. El que viene más bien se adecua a esa forma de ejercicio de la función pública...

–¿Qué necesita un procurador para que su labor sea efectiva? 

–Yo creo que lo que necesita, como todos los funcionarios públicos, en primer lugar, es voluntad y constancia. No hay que amilanarse. Hay que seguir y sobre todo estar del lado correcto. A mí me contrató el gobierno de Humala y hoy Humala está preso... Hay que tener conciencia de la necesidad de la independencia de estos órganos de lucha contra la corrupción.

–¿Dónde se presentan más casos de corrupción?

–En Perú, hay muchos problemas en los gobiernos regionales. Lo que descubrimos era que la mayor cantidad de casos de corrupción estaban concentrados en un tipo penal que es peculado, mala administración de fondos públicos. El administrador de fondos públicos se apropia para él o para alguien más de dinero que él administra.

–En Paraguay se descubrieron negocios absurdos como el “coquito de oro”, o “croquetas de oro” Se doblan o triplican los precios...

–El que tiene la llave de la caja fuerte, lo que hace es utilizar los fondos para sí o entrega a alguien para pagar un favor. Ese delito patrimonial es el tipo penal más frecuente. El segundo delito más recurrente es el delito de colusión... Hay que poner alarmas en la administración de fondos y en las compras estatales o en compras en instituciones del Estado.

–¿Hay más trasparencia, hay más ambiente para el castigo? 

–Nosotros conseguimos una serie de éxitos en el uso de la legislación nueva que se fue implementando para combatir la corrupción, pero sobre todo porque hubo voluntad.

– Los delitos prescriben. ¿Cómo es en Perú? 

–Ese es un problema clásico del derecho penal. Los delitos prescriben. Desde la Procuraduría nosotros propusimos que los delitos de corrupción deberían ser imprescriptibles como son los delitos de lesa humanidad. Nos apoyamos en la idea de que además la corrupción vulnera derechos fundamentales, como los derechos humanos. Yo creo que la sociedad no cesa en su interés de conocer cómo le robaron, cuánto le robaron, porque eso equivale a saber cuándo perdió derechos, cuándo fue más difícil ejercer el derecho a la justicia, la educación, la salud. Finalmente, estos actos de corrupción son elementos de desinstitucionalización. Un país se hace menos país de ciudadanos cada vez que hay más corrupción. Eso, los ciudadanos tienen derecho a conocerlo y a que los responsables de esa situación sean investigados y procesados.

–Usted lo eleva casi a la altura de los delitos de lesa humanidad...

–Sé que es polémica pero yo he defendido la tesis en Perú de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. El Estado tiene el derecho de defenderse, y una forma de defenderse debería ser condicionar a ese sujeto acceder al Estado con determinados instrumentos de filtro. Pero si no es posible, porque esto también es muy polémico, hay un constitucionalista argentino, Guillermo O’Donell que sostiene que el derecho a la rendición de cuentas se ejerce con el voto. Estos sujetos que ya defraudaron la confianza depositada en ellos, habiendo sido elegidos, lo lógico debe ser que la ciudadanía los castigue no votando nunca más por ellos.

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