Los intereses creados detrás de la política de prohibición de las drogas

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Se estima que Estados Unidos destina entre ¡40.000 y 60.000 millones de dólares anuales! a su “guerra a las drogas”. Gran parte de ese dinero queda en manos de corporaciones dentro del país. Ese es el obstáculo número uno a la reforma de una política claramente fracasada, sostiene Ethan Nadelmann, reconocido experto invitado a Paraguay por ABC Color.

Drug Policy Alliance no recibe dinero de ningún gobierno y está financiada con los aportes de 30.000 donantes voluntarios, entre ellos, por ejemplo, el magnate George Soros.

Nadelmann fue uno de los pioneros en vaticinar, hace ya treinta años, no solo el fracaso de la pretendida “guerra”, sino también la escalada incontenible de despilfarro en favor de grupos de interés y en beneficio indirecto de los mismos narcotraficantes.

Hoy cada vez más se reconoce que la política ha sido un fracaso. No ha reducido el consumo ni ha controlado a las mafias. Todo lo contrario, las ha fortalecido y ha provocado un incremento a límites insostenibles de la violencia y los asesinatos relacionados con la despiadada competencia por las tajadas de este trillonario mercado negro.

Adicionalmente, ha llenado las cárceles de todo el mundo con millones de pequeños infractores o consumidores cuyos casos deberían ser tratados en el ámbito de la salud pública, no en el criminal.
Pero, pese a todas las evidencias, se insiste con lo mismo. En parte porque esta es una política que no está fundada en la razón, sino en tabúes y temores de la gente, pero en gran parte por los intereses creados.

“Si me preguntan cuál es el obstáculo número uno para reformar las leyes de drogas yo contesto que es lo que llamo el complejo industrial de prisiones en Estados Unidos y el mundo, algo similar a lo que observaba Eisenhower sobre la relación entre el complejo industrial militar y las guerras”, comentó durante una entrevista con ABC Color el año pasado en Nueva York.

Explicó que ese complejo ha crecido dramáticamente en los últimos 25 años. Consiste en corporaciones que generan enormes rentas a costa del Estado construyendo prisiones privadas, administrándolas, o proveyendo bienes y servicios a las prisiones públicas.

A esas corporaciones se les suman los intereses, también corporativos, de guardiacárceles, policías, fiscales, funcionarios de las agencias antidrogas, “toda una red de sectores que no quieren ni escuchar hablar de reformas”.

Igualmente, una gigantesca burocracia internacional de gente con altos salarios que “ha dedicado toda su carrera a defender y promocionar la estrategia de prohibición. Son como los “apparatchik” de la Unión Soviética, gente que ha estado toda la vida montando la propaganda oficial. Esa gente no puede siquiera imaginar un cambio, toda su identidad está ligada a la estrategia actual”.

Sin embargo, el peso de la realidad gradualmente está generando un cambio de paradigma. Este es un tema que interesa extraordinariamente a América Latina, una de las mayores productoras y distribuidoras de drogas ilegales del mundo y una víctima principalísima de la violencia del narcotráfico.