La promulgación de las modificaciones a la ley vigente de financiación provocarían un desangre a las arcas públicas, debido a que el aporte estatal que se entrega anualmente a las agrupaciones políticas ya no se otorgarían de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, sino que forzarían al Estado a que desembolse necesariamente un monto superior al que se venía otorgando. Esto obedece a que la ley sancionada plantea que se pague G. 10.523 por cada voto y no G. 7.397.
La ley vigente de financiación establece una distribución del aporte estatal entre un 5% al 15% del jornal mínimo por cada voto obtenido por los partidos políticos en las últimas elecciones para el Congreso. Sin embargo, la ley sancionada (aún no promulgada) por el Parlamento fija un monto fijo de 15% del jornal mínimo.
El Partido Colorado sigue siendo la nucleación política que más dinero se llevará del Estado, de ser promulgada las modificaciones a la ley vigente. En un comparativo entre el 2015 y el 2016 se puede observar que la ANR recibiría G. 5.610.241.434 más en concepto de aportes en el 2016. Mientras que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) G. 3.911.368.628 más para el año que viene.
En el caso de la Concertación Frente Guasu recibiría G. 1.133.951.297 más. Mientras que el Partido Unace G. 748.649.952 más, también el Partido Democrático Progresista (PDP) G. 550.924.438 más. Así también, el Partido Patria Querida G. 658.572.652 más, Avanza País G. 634.717.008 más y el Partido Encuentro Nacional G. 588.311.568 más.
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Para la distribución de los aportes solo participan las agrupaciones que acrediten haber obtenido un número de votos en las últimas elecciones para el Congreso no inferior al 2% del padrón electoral. En el caso de las alianzas, el aporte será distribuido proporcionalmente al número de bancas que ocupe cada partido que hubiere integrado en el Senado.
Finalmente será el presidente Horacio Cartes quien tendrá en sus manos la decisión de mantener o no el recorte a los partidos.