ENCARNACIÓN (Juan Augusto Roa, corresponsal). A últimas horas de la tarde de ayer se desarrolló una reunión entre algunos de los impulsores de la campaña para trazar lineamientos de acción, entre los cuales el “escrache” es una posibilidad, sostuvo Lorenzo Quintana, uno de los impulsores de la iniciativa.

La Abog. Primitiva Villalba, otra de las figuras, que junto a los políticos Romeo Otazú (PF), Aldo Von Knoblch (PQ), entre otros, señaló que de momento esperarán la intervención de la Contraloría General de la República, y luego verán las acciones a seguir: “Por ahora estaremos expectantes a la venida de la Contraloría”.

Para los impulsores de la campaña por el “no a la impunidad”, lo importante es que las instituciones del Estado intervengan y cumplan la función para la cual están. El Ministerio Público, en representación de la sociedad, está obligado a investigar si hubo o no delito contra los intereses de la ciudadanía, ellos son los representantes del interés común en la sociedad, entonces, esperamos que hagan el papel que les corresponde, sostienen.

Vecinos en acción

La agrupación, que se declara sin fines políticos partidarios, sino político-ciudadanos, en el amplio sentido del término, tuvo una primera acción el año pasado, cuando inició una fuerte campaña mediática que logró torcer una decisión de la mayoría colorada en la Junta Municipal local, que se negaba a la contratación de una auditoría externa independiente.

Quien “encendió la mecha” fue la abogada Villalba Ferrari, con un pedido de informes a la Municipalidad –ya a la actual administración– sobre los más grandes y antiguos deudores de impuestos municipales, pedido que, dicho sea de paso, fue denegado por la Comuna, y dio inicio a un litigio judicial que ahora está en la Corte Suprema de Justicia.

Los concejales colorados, que son ocho de un total de 12, se negaban a la contratación de una auditoría externa bajo el argumento de que no existían recursos para pagar.

La respuesta de los vecinos fue organizar una campaña para recaudar fondos, que, en menos de una semana, reunió una cantidad suficiente de dinero como para contratar una auditoría externa. Finalmente, la Junta Municipal revió su postura, y se aprobó la contratación del servicio, pagado con recursos municipales.

La empresa ganadora de la licitación fue Prosis (Proyectos y Sistemas), que tras seis meses de trabajo presentó, la semana anterior, el resultado de su investigación, en la que expone numerosas irregularidades en la ejecución presupuestaria, en el uso de fondos provenientes de royalties y Fonacide, uso indiscriminado de combustible, endeudamiento galopante, falta de transferencia de fondos provenientes de la entidad binacional Yacyretá (EBY) al Hospital Pediátrico Municipal, establecido en acuerdo, multimillonarios pagos por servicios profesionales en forma irregular, obras inexistentes, pese a estar presupuestado y disponible el dinero, entre otras.

La auditoría externa revisó la gestión de Juan Schmalko (ANR), en el periodo 2010-15. En 2013 renunció para asumir como director de la EBY y fue reemplazado por la entonces concejala colorada Élida Bartonchelo, hasta la elección de Joel Maidana (ANR) para culminar el periodo.

Consideran “persecución”

El exintendente Juan Schmalko sostuvo que los datos hechos públicos de la auditoría a su gestión son parte de una “persecución política” para desprestigiarlo a él y al Partido Colorado. Indicó que él estaba en campaña, porque es precandidato a la Gobernación y que el objetivo sería poner en duda su figura. El político descalificó el informe de la auditoría externa con relación al uso supuestamente irregular de los recursos del Fonacide y los royalties de Yacyretá. En cuanto al uso de combustibles dijo que se realizó con el pleno del parque automotor en funcionamiento, y en diversos programas ejecutados por la administración. Indicó que tenía los documentos y que los presentará en el momento oportuno.