El entonces presidente de la Comisión Interventora (creada para investigar el caso) y exrector de la Universidad Católica (UCA), Dr. Antonio Tellechea (+), había manifestado que, entre 2012 y 2013, unos 80 alumnos por año egresados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas (FCJD) estuvieron envueltos en el escándalo de la compra de calificaciones (ABC Color, 3 de agosto de 2014).
Antes, Michel Gibaud, rector de la UCA en ese entonces, señaló que la universidad impulsará el retiro de los títulos a los abogados que consiguieron el egreso con calificaciones fraudulentas. Los alumnos implicados –en la compra de notas– tendrán que ser sancionados y a los que ya se graduaron –con calificaciones fraudulentas– se les deberá retirar el título, había dicho Gibaud (Última Hora, 29 de julio de 2014).
Hasta el mismo representante de la UCA ante el Consejo de la Magistratura y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Cristian Kriskovich, había afirmado que se debían “transparentar las calificaciones de los egresados de la UCA”.
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Sin embargo, a cuatro años de aquel hallazgo y a pesar de la gravedad del caso, la UCA hasta ahora no ha retirado el título a uno solo de sus egresados que estarían ejerciendo la profesión del derecho y hasta ocupando altos cargos públicos en forma ilegítima a raíz de la inacción de las autoridades de esta casa de estudios.
Incluso, se había mencionado que las investigaciones alcanzarían hasta el 2009 y que la cifra de egresados en situación ilegítima sería aun mayor.
La única medida adoptada por la UCA sobre este tema fue la expulsión de tres funcionarios de rango menor y de 41 alumnos (que todavía no habían egresado), la mayoría de los cuales culminó la carrera en otras universidades.
¿Justicia?
Recordemos que en el 2014 las nóminas de egresados vinculados a la compra de notas y de funcionarios que habrían sido responsables de modificar las actas de calificaciones, fueron remitidas a los fiscales de la unidad penal Susy Riquelme, Alberto González, y Teresa Sosa Laconich, siendo el juez José Delmás el que atendió el caso en un principio.
Pero tampoco la justicia hizo su trabajo ya que, hasta ahora, solo fueron imputados los alumnos no egresados y tres funcionarios menores, los cuales fueron condenados pero a la vez beneficiados con la suspensión de la ejecución de la pena tras reconocer los hechos y “pedir perdón” a la universidad, que a su vez se allanó a dicha suspensión.
Pero la investigación judicial nunca apuntó hacia los egresados, es decir, los abogados ya con títulos fraudulentos que hoy ejercen la profesión, como así también hacia los verdaderos responsables de la venta de notas dentro de la UCA.
mvelazquez@abc.com.py