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El senador colorado Arnoldo Wiens, miembro de la Comisión Bicameral del Congreso que investiga el crimen de Medina y Antonia Maribel Almada, señaló que la decisión de cambio fue tomada el pasado 18 de noviembre, por la Corte Suprema de Justicia.
En un principio se mencionaba que el juez Santiago Núñez, que en ese momento estaba en Pedro Juan Caballero, iba a ser trasladado a Curuguaty, en reemplazo del juez José Benítez, que originalmente tuvo a su cargo el caso Pablo.
Pero quedó sin efecto la posibilidad de que Santiago Núñez quede en Curuguaty, luego de que nuestro diario alertó que el referido juez es sobrino de Víctor Núñez.
Pablo Medina había indicado en sus publicaciones en ABC que Núñez había operado a favor de Vilmar “Neneco” Acosta, quien estuvo recluido en la penitenciaría de Coronel Oviedo, en otro proceso por homicidio.
Núñez, en reunión de prensa, negó en forma vehemente lo denunciado por Pablo.
La Corte resolvió que el juez Carlos Martínez tome el juzgado de Curuguaty, en forma interina, en reemplazo de su colega José Benítez, quien ganó un concurso para el juzgado de Villarrica.
Pero de acuerdo a lo señalado por Wiens, en esa sesión se estableció que la jueza Yanine Ríos, quien estaba en Asunción, debía retornar a Curuguaty.
En ese momento, Yanine Ríos atendía en Asunción el caso de la masacre en Curuguaty y además conformaba un tribunal de sentencia de la capital del país, por lo que se pospuso el relevo. Sin embargo, la Corte, en una época poco usual para los relevos –en plena feria– decidió ejecutar la resolución que disponía que Janine Ríos debía retornar a Curuguaty.
Por ese mismo motivo, el juez Martínez, quien atendía en forma interina el juzgado de Curuguaty y tenía a su cargo el caso Pablo, debería retornar a Salto del Guairá,
Uno de los que firmaron esa resolución aludida por el senador Wiens fue Núñez, hasta entonces superintendente del departamento de Canindeyú.
Otro de los que supuestamente estuvieron detrás del cambio fue el ministro Sindulfo Blanco, quien también tiene influencia en la zona de Canindeyú, ya que hay varios jueces liberales en ese departamento, partido del cual proviene el alto magistrado.
La resolución se tomó en medio de la renuncia de Núñez, como salida elegante para evitar someterse a un desgaste político, mediático y hasta judicial, ante la posibilidad de una investigación penal.
También en ese momento, Blanco junto a Miguel Óscar Bajac y, en menor medida, César Garay Zuccolillo negociaban para evitar un juicio político.
El cambio en Curuguaty se frenó luego de que la disposición cobró estado público.
A ello se suma que la misma jueza Yanine Ríos pidió una reconsideración porque no pretende retornar a Curuguaty.
Otra situación llamativa se da con la referida magistrada, ya que la Corte sostiene que debe retornar al juzgado para el cual ella fue nombrada.
La jueza Ríos fue nombrada para el juzgado penal de la Adolescencia de Curuguaty.
Sin embargo, pretenden enviarla a Curuguaty, pero para el juzgado penal de garantía, en donde está el caso de Pablo Medina.
La magistrada Ríos fue secretaria de Víctor Núñez cuando este era juez penal de San Lorenzo.
Luego fue llevada a trabajar a la Corte Suprema y posteriormente fue nombrada jueza en Curuguaty.
En aquella sesión del 18 de noviembre se estableció el traslado del juez Santiago Núñez a Salto del Guairá.
Mientras que el juzgado que dejaba Núñez en Pedro Juan Caballero iba a ser ocupado por la jueza Lourdes Peña.
Sin embargo, esta magistrada prefirió quedar en Asunción, donde había sido nombrada en reemplazo del exjuez Andrés Casati.
Como la ley establece que ningún juez puede ser trasladado del juzgado, para el cual fue nombrado, sin su consentimiento, la magistrada comunicó a la Corte que no aceptaba el traslado.
La Corte entonces resolvió que el juez Santiago Núñez retorne a Pedro Juan.
Presiones políticas
Detrás de estas movidas se habla de fuertes presiones políticas que provienen del gobernador de Canindeyú, Alfonso Noria, y de la diputada Cristina Villalba.
Vilmar Marques Acosta, considerado autor moral del doble crimen, era intendente de Ypejhú, ubicado en ese departamento. Vilmar también era parte del mismo equipo político del Partido Colorado en Canindeyú, que lo integraba junto a Cristina y Noria. Acosta Marques se encuentra prófugo al igual que su hermano Wilson Acosta Marques y su sobrino Flavio Acosta Riveros. Pablo y Antonia fueron asesinados el pasado 16 de octubre en Villa Ygatimí.