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Marito y Cartes se asocian para destituir a García de la Contraloría

Este artículo tiene 8 años de antigüedad
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Diputados oficialistas y disidentes ayer presentaron el pedido de juicio político en contra del contralor Enrique García por mal desempeño de funciones y delitos comunes. El libelo acusatorio menciona cinco causales.

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Antes de su ingreso en el pleno, la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados dictaminará el proyecto de acusación a fin de que pueda ser tratado en la sesión de mañana.

Los colorados tendrían los números para iniciar el proceso de enjuiciamiento. Unidos los 46 diputados, más los votos de cuatro liberales que ya no retornarían en el próximo periodo: Ramona Mendoza, Héctor Lesme, María Carísimo y Gustavo Cardozo, los legisladores del Partido Encuentro Nacional (PEN) Hugo Rubín y Ricardo González y el voto de la diputada Olga Ferreira, del movimiento Compromiso Ciudadano, reúnen 53 de los 80 votos, que son los que se requieren para dar curso a la acusación contra el contralor general de la República. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, cartista), mencionó que las 23 firmas estampadas en el pedido representan a los 46 diputados colorados. Declaró que cuentan con una mayoría “holgada” gracias al respaldo del PEN y de otros sectores de la oposición. Los liberales aliados al efrainismo acusaron a los colorados de pretender copar las instituciones públicas con la destitución de García para que en su reemplazo asuma el subcontralor, Camilo Benítez, afín al cartismo. Alliana afirmó que las expresiones se tratan de una excusa para no respaldar el pedido de juicio político. 

El diputado y candidato a vicepresidente de la República Hugo Velázquez (ANR) aseguró que acompañan el pedido de enjuiciamiento y que cuentan con los votos suficientes.

Causales 

Entre las causales señaladas en el libelo acusatorio se menciona la imputación de García por uso de documento público de contenido falso, su “autoasignación” de viáticos y la de otros funcionarios, la contratación irregular de su directora de gabinete por G. 108 millones, la concesión indebida de privilegios y el tráfico de influencias filtrados a través de audios entre el senador Adolfo Ferreiro y el exsecretario de González Daher, Raúl Fernández Lippmann. También fundamentan su pedido señalando que existió un error del fiscal que solicitó desaforar a García, alegando que el mismo no posee fueros sino que cuenta con inmunidades atribuidas a los magistrados.

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