Las gobernaciones y las municipalidades, entre otras instituciones, son las que más se benefician con millonarios recursos que el Tesoro Nacional distribuye cada año, productos de Fonacide y royalties.
De acuerdo con datos obtenidos, entre los años 2012 y 2015 se distribuyeron un total G. 10.760.064.041.683 en ambos conceptos. En el caso de las municipalidades, sin embargo, hasta ayer, más del 60 por ciento no presentó su rendición de cuentas, correspondiente al primer cuatrimestre de este año, ante la Contraloría General de la República.
Con estos millonarios recursos recibidos en poco más de tres años los departamentos y los distritos del país, incluyendo la capital Asunción, tendrían que estar en un nivel envidiable en lo que respecta a la calidad de la educación y también en cuanto a infraestructura para beneficio de sus habitantes.
El sustancial mejoramiento percibido por gobernaciones y municipios en concepto de royalties y Fonacide de los últimos años, no es acompañado con la calidad del gasto del dinero público
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Mal uso de fondos
En sucesivos informes, la Contraloría General de la República advertía que “todavía se evidencia la incorrecta ejecución de fondos”. Agregaba que en algunos casos esa situación puede ser atribuida a “la ignorancia que algunos ejecutores tienen de las disposiciones legales –que tampoco los exime de responsabilidad–, en otros, se torna difícil para el auditor no presumir el dolo liso y llano”.
La realidad de locales educativos y falta de infraestructura en departamentos y municipalidades es lamentable. Casi a diario se publican casos de aulas en pésimas condiciones, muchas de ellas en estado calamitoso y peligroso para la integridad de escolares que diariamente concurren para estudiar. Uno de los casos más publicitados fue el derrumbe del techo del Colegio Nacional de Lambaré. Por ese hecho el exintendente Roberto Cárdenas (ANR) está siendo procesado.
Cómo se distribuyen
La Ley 4758/12 del Fonacide establece que los recursos serán distribuidos así: 50 por ciento para financiar proyectos de infraestructura en educación: construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos; 30 por ciento: almuerzo escolar, y los saldos a proyectos de inversión pública y desarrollo. Los royalties se distribuyen así: 50 por ciento administración central, 5 por ciento a gobernaciones afectadas por la construcción de las represas de Itaipú y Yacyretá; 5 por ciento a gobernaciones no afectadas, 15 por ciento a municipalidades afectadas y 25 por ciento a municipios no afectados.