Días atrás, funcionarios sostuvieron que dos tercios de esos fondos corresponden a servicios básicos, como agua, energía eléctrica, internet, lo que podría causar serios problemas en el funcionamiento de la institución, y que sobre todo pondría en desventaja al representante de una persona pobre frente al abogado de su contraparte. Dijeron, además, que hace años no reciben aumentos salariales.
Si tenemos en cuenta que hasta noviembre el Estado gastó más de G. 1.000 millones solo para remuneraciones del entorno familiar de Morel, se puede colegir que la defensora general y su “clan” le cuestan a la institución un tercio de lo que el Congreso pretende recortar a la cartera.