McLeod admite anomalías en su gestión municipal

La intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías Irún (ANR, cartista), admitió ayer algunas de las 15 causales por las cuales se solicita la intervención de su cuestionada administración. Reconoció la falta de pago salarial a los concejales durante tres meses y que se valió de una inconstitucionalidad para disponer libremente de G. 36.000 millones, dinero que habría malversado, según se le acusa. El 27 se vota su intervención.

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McLeod acudió ayer a la mañana a la Cámara de Diputados, acompañada de una numerosa comitiva de asesores y de algunos miembros del clan Zacarías como el diputado Justo Zacarías Irún (cuñado), la diputada Rocío Abed (esposa de Justo) y el concejal Alejandro Zacarías, hijo de los diputados mencionados y sobrino de la intendenta. Todos cartistas.

En la mayoría de las 15 acusaciones, McLeod se defendió diciendo que no accedió a las causales, que incluso algunos puntos le parecían exagerados, principalmente los referidos a las malversaciones de fondos.

Solicitó otra audiencia para responder “mucho mejor”. Pero admitió que se valió de varias sentencias judiciales para declararse autónomos.

Mencionó que desconoce el monto de la supuesta malversación de G. 36.000 millones provenientes del impuesto inmobiliario y que la Comuna puede disponer libremente de los fondos porque una acción de inconstitucionalidad les da autonomía política y económica.

En cuanto a la falta de transparencia para proveer los documentos respaldatorios de las rendiciones de cuentas de los periodos 2015 y 2017, McLeod dijo que remitieron más de 2.000 copias a la Junta Municipal. Sin embargo, los concejales en una audiencia anterior habían señalado que no presentaron los documentos de todos los rubros.

McLeod señaló que cumplieron con la Ley de Información Pública sin inconvenientes pero los concejales habían señalado que sólo informaban algunos puntos que les convenían para seguir recibiendo Fonacide y royalties. Con respecto a que no se registraron los ingresos en concepto de estacionamiento tarifado por los meses de enero a marzo del 2017 en el microcentro de Ciudad del Este, en promedio G. 2.000 millones, la intendenta alegó una supuesta imputación errónea. Reconoció que durante tres meses no pagó el salario a los concejales porque no justificaron sus ausencias en las sesiones de la Junta. 

McLeod dijo que no va a renunciar al cargo ante las versiones de que lo haría antes del 27, día del tratamiento del pedido de intervención. Pidió a los diputados que realicen un juzgamiento justo y no estén coaccionados por un interés político y por ningún tipo de venganza política por no haber ganado las elecciones. Criticó al presidente Mario Abdo Benítez porque dijo que se manifestará en la plaza ante el Congreso.

El tratamiento y los votos

La Cámara de Diputados tratará el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, el 27 de noviembre, en una sesión extraordinaria. Existirían más de 50 votos a favor de prestar el acuerdo al Ejecutivo para que intervenga el municipio esteño. Solo se requieren 41. Votarían a favor los diputados colorados de Añetete, liberales (efrainistas, llanistas y de la bancada “C”, liderada por Pastor Vera Bejarano), patriaqueridistas, encuentristas, de los partidos Hagamos y Cruzada Nacional.

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