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Siguiendo la recomendación de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ayer la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) proveyó el contrato de alquiler de la mansión de Reinaldo “Cucho” Cabaña.
La estancia de Cucho, preso y procesado por narcotráfico, está a orillas del lago Yguazú, en Juan E. O’Leary, Alto Paraná. Por su parecido con la construida por el narco colombiano Pablo Escobar, se la conoce como “Nápoles” o “Cucho Beach” (la playa de Cucho).
Según el contrato, firmado el 15 de enero, la mansión fue arrendada a Miguel Ángel Ayala Florentín, un mecánico que en el documento fija domicilio en Capiatá, pero que está viviendo en la estancia junto con su familia.
La locación es principalmente para la explotación turística, por lo que se puede disponer “para hospedaje, área recreativa, pesca deportiva, deportes acuáticos y disfrute gastronómico” o cualquier otra actividad lícita. El acuerdo es por 3 años, prorrogable por otros tres o menos.
Para explotar el sitio, Ayala se comprometió a pagar G. 7 millones mensuales, IVA incluido, aunque el precio puede reajustarse anualmente. Al momento de firmar el contrato, el mecánico abonó G. 7 millones de garantía. Para pagar el alquiler tuvo un plazo de gracia de 30 días, que venció ayer.
En Senabico, Miguel Ángel Ayala firmó declaración jurada de no tener procesos penales o civiles. Lo que sí tiene, según informes comerciales, son operaciones morosas con empresas de telefonía celular, créditos y demás, por un total de G. 49.951.502.
El mismo Ayala admitió que tiene varias deudas, pero aseveró que las está pagando poco a poco. Explicó que en Senabico no le pidieron documentos respecto a las operaciones morosas, sino solo los certificados de antecedentes policiales y judiciales. En la “solicitud de arrendamiento” declaró que posee un “negocio propio”, sin mencionar cuál, y dio dos referencias personales.
La ministra de Senabico, Karina Gómez, aseguró que el arrendamiento es el mejor modo de mantener el establecimiento, ya que cuando estaba abandonado, era “rapiñado” por desconocidos. Dijo que pidió un dictamen previo a la publicación de los datos que hacen al contrato porque experiencias internacionales indican que esto podría poner en riesgo al beneficiario, ya que se trata de bienes vinculados al narcotráfico.
En principio Gómez se había negado a proveer detalles de este contrato, violando la Ley 5282/14 de Acceso a la Información Pública y otras normas legales.