La ministra del TSJE, María Elena Wapenka, en un principio fue denunciada por el cobro irregular de viáticos en viajes fantasma. La Fiscalía amplió la investigación al titular del ente Jaime Bestard (ANR) y al miembro Alberto Ramírez Zambonini (PLRA).
Pero en plena investigación, se descubrió que Wapenka también usaba a dos funcionarias del TSJE como empleadas domésticas en su domicilio particular. Lo curioso es que el Tribunal Electoral Primera Sala, dependiente de la Justicia Electoral, desestimó la denuncia sobre las empleadas domésticas blanqueando a la magistrada.
A nivel penal, la investigación por cobro indebido de honorarios a los tres ministros continua, pero la Fiscalía ha dilatado cualquier imputación durante meses. Los encargados del caso son los fiscales Silvia Cabrera y Hernán Galeano.
En una de sus últimas actuaciones, el 23 de junio, los fiscales solicitaron a la Contraloría General de la República (CGR) la declaración jurada de bienes y rentas de los tres ministros del TSJE.
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Antes, solicitaron que la Contraloría remita, con carácter urgente, el informe especial de viáticos correspondiente de los meses enero y febrero del 2015 de la Justicia Electoral, pero todo sigue sin avanzar.
Hasta ahora, el único imputado, por inducción a un subordinado a cometer hecho punible, es el ministro Ramírez Zambonini.
Este último avaló un esquema de ubicación de parientes de amigos que cobraban un salario en el ente, pero no acudían a trabajar.
A nivel político, el Congreso tampoco actúa. Los legisladores alegan que no pueden pedir juicio político contra los ministros electorales mientras siga pendiente el juicio a ministros de la Corte Suprema.