Díaz Verón se reunió con el adjunto de Delitos Económicos y con nueve de los diez agentes de esa Unidad, entre ellos René Fernández, Luis Piñánez y José dos Santos, quienes imputaron a Blanco y al exministro Víctor Núñez por prevaricato.
Según el Ministerio Público, Blanco y Núñez violaron la ley al aceptar una casación en el proceso “Peter David Kennedy s/ apropiación y otros”, pese a que el recurso no ponía fin al proceso porque era contra un fallo de Cámara que establecía el reenvío para un nuevo juzgamiento de Peter Kennedy (preso en Tacumbú actualmente). Alicia Pucheta había votado por la inadmisibilidad por la violación del artículo 477 del Código Procesal Pena.
A esto se suma que Blanco y Núñez se constituyeron en un tribunal de sentencia, violaron el principio de inmediatez y redujeron la condena de Peter Kennedy de 6 años a 2 años y medio.
El fiscal general dijo que lleva el “apoyo institucional de la Fiscalía General del Estado” a los fiscales, ya que confía en que realizaron un trabajo técnico y conforme a la ley. “Venimos a manifestarles que acompañamos esa posición que han tomado en razón de que consideramos que se hizo desde un punto de vista técnico y dentro de las atribuciones constitucionales y legales que tienen los agentes fiscales, titulares de la acción penal pública”, dijo.
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Agregó que los cuestionamientos van a ser normales siempre porque se manejan “intereses encontrados”. Asimismo, rechazó que sea una “vendetta política. Es una mera coincidencia y acá se debe discutir sobre la legalidad del proceso”, enfatizó.
Por otra parte, la Asociación de Jueces del Paraguay, que ayer esperaba debatir sobre las inmunidades de un ministro y los “alcances” del hecho punible de prevaricato, tuvo que suspender la reunión por ausencia masiva de magistrados, lo que denota un retroceso en el apoyo a Blanco.
Sin embargo, la causa sigue sin juez porque Hugo Sosa Pasmor definirá el lunes si se aparta o acepta intervenir. Ya se inhibió su colega Gustavo Amarilla.