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Irregularidades, pago de sobornos, aprietes, denuncias de coimas, sobrefacturaciones, simulación de competencia y lesión al patrimonio del Estado, son los hechos. La Fiscalía General se ha llamado a silencio sobre las groseras irregularidades en las que incurrió una red de empresas vinculadas al cartismo, para hacerse con millonarios contratos con entidades públicas.
La red se alzó hasta el momento con alrededor de US$ 36 millones en los últimos años, de acuerdo a lo que pudo comprobar ABC Color en las últimas semanas. Aún así, el Ministerio Público no abrió siquiera una indagatoria al respecto.
Una red bien montada
Hasta el momento se han identificado seis empresas ligadas al cartismo que vendieron alrededor de 36 millones de dólares al Estado paraguayo, la mayoría a la Dinac y a las FF.AA. Una del grupo está acusada de haber dado cheques a Gerónimo Juan Viveros Osnaghi, subdirector financiero de la aeronáutica civil, primo de Cartes y socio comercial del ministro Juan Carlos López Moreira, que es además uno de los gerentes del grupo Cartes. La mayoría de las empresas eran inhabilitadas repetidamente, pero seguían vendiendo al Estado.
Las empresas son VR SA (que luego fue A*X SA), Avalon SA, DREI Asociados SA, Intelcan CANADA SA (antes fue Cabeza SA) y Empresa Ejecutiva de Inversiones Plan Sociedad Anónima. En algunos casos, las millonarias adjudicaciones eran pagadas en el día mientras en otros lugares los proveedores deben esperar hasta años, aun tratándose de productos de primera necesidad como medicamentos o insumos para la salud.
Para evitar figurar, en algunos casos utilizaron a empleados para ponerlos como titulares de las empresas. Es el caso de Nery Ortigoza, quien pasó de ser conductor y funcionario en la Cámara de Diputados a dueño de una empresa que factura millonadas, pero él sigue viviendo en su casita en una villa Conavi en la zona de Kokuere, San Lorenzo.
Sabían meses antes
Como si todo lo anteriormente señalado no fuera suficiente, documentos aduaneros revelaron además que las empresas sabían incluso meses antes de la apertura oficial de las licitaciones, lo que iban a solicitar las instituciones públicas.
Es el caso de una compra de luces de aterrizaje portátiles, por ejemplo. La licitación fue convocada recién en marzo de 2015, pero la empresa que resultó adjudicada había pedido el mismo producto ya en diciembre de 2014 y los recibió en enero, dos meses antes del llamado.
Groseras sobrefacturaciones
Los documentos revelan además que vendían los productos a las entidades públicas por un valor cinco veces superior al precio que habían declarado al momento de ingresarlo al país. Las luces les habían costado alrededor de G. 230 millones y ellos las vendieron por casi G. 1.500 millones a la Dinac.
Competencia inventada
La Ley 2051/03, de Contrataciones Públicas, establece en su artículo 4° que los llamados a licitación deben regirse por los principios de economía y eficiencia, además de igualdad y libre competencia.
Precisamente la igualdad y la libre competencia no existieron en varios de los llamados en los que participaron estas empresas.
Firmas vinculadas a la misma persona, Omar Jaén Bohorques, se presentaban para competir entre ellas y asegurar así los contratos para la red.
En algunos casos ofrecían los mismos productos, del mismo origen y de la misma fábrica. La diferencia llegaba a la hora de fijar los precios.
Acta sobre cobro de cheques
La inacción de la Fiscalía es incluso más grave si se tiene en cuenta que ya existe hasta una declaración sobre el supuesto cobro de cheques por parte de Gerónimo Viveros Osnaghi, actual subdirector de Administración y Finanzas de la Dinac, primo del presidente Cartes e hijo del narcopiloto “Papacho” Viveros Cartes.
Un exfuncionario del ente que trabajaba directamente para Viveros Osnaghi relató que cobraba cheques de Avalon SA, para el subdirector de Administración y Finanzas de la Dinac. A pesar de esto y de todas las evidencias reveladas, el silencio por parte de la fiscala general, Sandra Quiñónez, continúa.